En pocos días, Washington le quitó la visa a un exfuncionario argentino vinculado al caso Tai An y avanzó con un acuerdo de cooperación para reforzar el patrullaje en el Atlántico Sur. El trasfondo combina pesca ilegal, presión sobre recursos estratégicos, tecnología militar y una discusión sensible sobre soberanía marítima.
El Mar Argentino volvió a ocupar un lugar central en la relación entre Argentina y Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano le quitó la visa a un exfuncionario argentino acusado de facilitar actividades vinculadas a la pesca ilegal, mientras que la Armada Argentina firmó una carta de intención con la Cuarta Flota de Estados Unidos para avanzar en un programa de vigilancia marítima en el Atlántico Sur.
La decisión sobre la visa alcanzó a Pablo Ferrara Raisberg, exrepresentante de la Cancillería argentina ante el Consejo Federal Pesquero. Según informó el gobierno de Estados Unidos, la medida forma parte de una nueva política contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El anuncio fue realizado por Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, en un posteo en X en el que mencionó al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Allí sostuvo que proteger “la abundancia de los océanos del mundo” de la pesca ilegal es “una prioridad global” de Estados Unidos. También advirtió que “aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.
La decisión alcanzó a 24 personas y, en el caso argentino, reabrió la discusión sobre el escándalo del buque Tai An, una embarcación de bandera argentina perteneciente a Prodesur S.A., empresa vinculada al empresario de origen chino Liu Zhijiang. El episodio había estallado en 2024, cuando el barco fue detectado con una carga de merluza negra capturada sin contar con cuota habilitante para esa especie.
El decomiso oficial fue de casi 139 toneladas de merluza negra. Pero el informe técnico del INIDEP reconstruyó una marea todavía más amplia. Entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el Tai An realizó 72 lances y capturó 3.178 toneladas de peces. Dentro de ese volumen había 175 toneladas de merluza negra. Desde 2020, el buque no tenía cuota para pescar esa especie, por lo que no podía hacerlo de manera dirigida.
El impacto ambiental del caso no estuvo dado únicamente por el volumen. Según el INIDEP, las capturas de merluza negra se obtuvieron en seis lances realizados con red de arrastre de fondo dentro del Área de Protección de Juveniles de Merluza Negra, a profundidades promedio de 450 metros. El organismo también concluyó que el 55% de los ejemplares capturados eran juveniles, muy por encima del límite permitido por la normativa vigente.
La otra señal llegó desde el plano militar. La Armada Argentina firmó una carta de intención con la Cuarta Flota de Estados Unidos para avanzar en un programa de vigilancia marítima en el Atlántico Sur. El acuerdo se presenta como una herramienta para combatir la pesca ilegal y fortalecer el control marítimo. Incluye entrenamiento, drones, soporte operativo y la provisión de dos aviones de patrullaje aeronaval.
El punto político está en el nombre del programa. Desde Estados Unidos fue presentado como “Protecting Global Commons”, una fórmula que remite a la protección de bienes comunes globales. La denominación abrió una discusión sensible porque el Mar Argentino forma parte de la jurisdicción nacional y concentra recursos pesqueros, rutas estratégicas, hidrocarburos y una historia atravesada por el reclamo soberano en el Atlántico Sur.
Desde el Gobierno argentino, el acuerdo fue comunicado como una instancia de cooperación para fortalecer capacidades propias de vigilancia y control. Sin embargo, tal como señaló Gamera, el encuadre norteamericano lo ubica dentro de un área de interés estratégico compartido, con participación de la Cuarta Flota y el Comando Sur de Estados Unidos.
La pesca ilegal es un problema real para la Argentina. También lo es la debilidad histórica para controlar un espacio marítimo enorme, presionado por flotas extranjeras, especies de alto valor comercial y actividades que muchas veces se mueven en los bordes de la jurisdicción nacional. Pero la presencia estadounidense en el Atlántico Sur también es un dato político.
La coincidencia temporal entre ambos hechos permite leer que la pesca ilegal ya no aparece solamente como un problema ambiental o productivo. También empieza a formar parte de una agenda más amplia de seguridad marítima, control de recursos y disputa de influencia. Allí se cruzan la milla 201, la presión de flotas extranjeras, el valor internacional de especies como la merluza negra, la presencia china en la actividad pesquera y el interés creciente de Washington por reforzar su posición en la región.
Foto de portada Ministerio de Defensa
