El Ministerio Público Fiscal dictaminó que la queja ante la Corte Suprema no suspende automáticamente el proceso electoral para elegir convencionales el 9 de agosto. Desde el Gobierno, Mariangeles Arroyo afirmó: “ya no existe ningún obstáculo para que se elabore el cronograma y se publique”.
La Justicia Electoral había suspendido momentáneamente la emisión del cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto de 2026, y remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para su intervención y dictamen.
La medida se había fundamentado en la incertidumbre jurídica generada por la existencia de un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Lechman c/ Provincia de Tierra del Fuego”, y por la reciente derogación de la Ley 1529 por parte de la Legislatura, norma que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.
En su dictamen, la Fiscalía explicó que el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que, mientras la Corte Suprema no haga lugar al recurso de queja, el proceso no se suspende.
Respecto del decreto de convocatoria a elecciones y de la ley que intentó derogar la Ley 1529 para frenar el proceso de reforma constitucional, la Fiscalía señaló que cualquier intervención judicial sobre esas cuestiones requiere la existencia de un “caso o controversia judicial” concreta.
El dictamen también remarcó la necesidad de actuar con “máxima prudencia” en asuntos de naturaleza política e institucional, y ratificó que la competencia sobre el cronograma electoral corresponde al Juzgado Electoral, en el marco de la Ley Provincial 201, que regula el procedimiento electoral vigente.
En esa línea, la Fiscalía sostuvo que es el fuero electoral el que posee competencia y jurisdicción para conocer y decidir durante la etapa actualmente en curso, y que puede adoptar las medidas que estime pertinentes para “brindar certeza y claridad al electorado”.
Tras conocerse el dictamen, la secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno provincial, Mariangeles Arroyo, aseguró que la intervención del Ministerio Público Fiscal despeja las dudas jurídicas planteadas en torno al proceso electoral vinculado a la reforma parcial de la Constitución Provincial.
La funcionaria afirmó que “los dos puntos de consulta realizados al Ministerio Público Fiscal ya han sido dilucidados y concordantes con nuestra postura”, y precisó que “la Ley 1529 se encuentra vigente y totalmente operativa” y que la presentación de la queja ante la Corte Suprema “no tiene efectos suspensivos”.
“Entendemos que va a continuar este proceso eleccionario debido a que ya han sido dadas las respuestas solicitadas”, sostuvo Arroyo, y agregó: “En este momento entendemos que ya no existe ningún obstáculo para que se elabore el cronograma y se publique”.
La funcionaria destacó además que, según el dictamen fiscal, el Juzgado Electoral tiene competencia para avanzar con la organización del proceso. “Esto es lo que dice el dictamen: que no hay ningún obstáculo para continuar con el proceso electoral. De hecho, recomienda citar a los partidos políticos para comenzar con este proceso”, señaló.
“Esperemos que en el transcurso del día de hoy, mañana a más tardar, ya esté el cronograma”, indicó finalmente Arroyo.
