El Gobernador Gustavo Melella convocó a elecciones de convencionales constituyentes para la reforma constitucional, pero horas después la Legislatura derogó la Ley 1529 por 11 votos contra 4. El oficialismo anticipa un nuevo choque institucional y el debate vuelve a quedar atrapado entre tribunales, internas políticas y una ciudadanía atravesada por urgencias económicas. ¿Sigue vigente el llamado a elecciones?
El conflicto por la reforma constitucional de Tierra del Fuego acaba de entrar en su capítulo más incierto. El gobernador Gustavo Melella firmó el decreto que convoca a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, pero la Legislatura provincial respondió de madrugada con una decisión de alto impacto político: derogó la Ley 1529, la norma que había declarado la necesidad de reformar parcialmente la Constitución.
La votación se resolvió a las 3:50 de la madrugada del 1° de mayo, con 11 votos a favor y 4 en contra. FORJA y Sumemos Tolhuin defendieron la continuidad del proceso reformista. El resto de los bloques acompañó la derogación, en una mayoría amplia que dejó al Gobierno provincial frente a una derrota legislativa y abrió un nuevo escenario de tensión institucional.
El gobernador Melella había presentado la convocatoria como el inicio de una etapa histórica. “No es un capricho ni un berrinche, es una necesidad de la provincia”, sostuvo al defender la reforma. También afirmó que el debate debía servir para “construir consensos amplios” y proyectar “una provincia más justa para todos los fueguinos y fueguinas”.
Pero la realidad política parece ir en sentido contrario. La reforma no aparece, al menos hasta ahora, como una conversación colectiva sobre el futuro de Tierra del Fuego, sino como una disputa cerrada entre oficialismo, oposición, tribunales, bloques legislativos y cálculos electorales. El llamado a construir consensos contrasta con una Legislatura que, a horas de la convocatoria, reunió una mayoría de 11 votos para voltear la ley que sostenía el proceso.
El Gobierno insiste en que la reforma busca modernizar el Estado, limitar mandatos, revisar cargos vitalicios, reducir privilegios políticos, digitalizar procesos administrativos, ordenar competencias entre Provincia y municipios, introducir cambios en la Justicia e incorporar de manera explícita la defensa de Malvinas en la Constitución provincial. En los papeles, la agenda tiene peso institucional. Sin embargo, buena parte de la discusión pública quedó reducida a otro eje: si la reforma puede o no abrir la puerta a un nuevo mandato de Melella. La oposición sostiene que detrás de la reforma hay una ingeniería de poder. El oficialismo responde que se trata de actualizar una Constitución pensada para otra etapa histórica de la provincia.
La convocatoria tampoco ocurre en un escenario social neutro. Tierra del Fuego atraviesa un contexto económico adverso, con pérdida de empleo industrial, conflicto educativo, reclamos gremiales, discusión por fondos públicos y una ciudadanía mucho más preocupada por llegar a fin de mes que por la arquitectura institucional del Estado. En ese clima, el debate constitucional corre el riesgo de parecer desconectado de la vida cotidiana.
La Ley 1529 nació además con una marca política difícil de borrar. Fue sancionada en diciembre de 2023 por una Legislatura que tenía mandato constitucional vigente, es cierto, pero que estaba a días de modificar su composición. Ese dato alimentó una de las principales críticas opositoras: la reforma fue habilitada por una conformación parlamentaria que ya no expresaría la nueva relación de fuerzas surgida de las urnas.
Después llegaron la judicialización, los fallos, los recursos y los plazos, según detalla Luz Scarpati en su nota Reforma de la constitución, la novela continúa. El Superior Tribunal de Justicia terminó habilitando la continuidad del proceso y ordenó fijar una nueva fecha.
Melella avanzó entonces con la convocatoria para el 9 de agosto. Pero la Legislatura respondió con la derogación de la ley, y el conflicto volvió a quedar en una zona gris: ¿puede frenarse un proceso ya convocado?, ¿sigue vigente el llamado a elecciones?, ¿qué peso tiene la derogación una vez dictado el decreto?
En ese punto, el constitucionalista Daniel Sabsay fue categórico. “Ya no se puede interrumpir el proceso de reforma de la Constitución”, sostuvo. Para el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la ley que declara la necesidad de una reforma no es una norma ordinaria, sino una ley especial vinculada al ejercicio del poder constituyente. Según su interpretación, intentar retrotraer el proceso en esta instancia podría derivar incluso en un caso federal.
La postura de Sabsay le da al Gobierno un argumento jurídico fuerte, pero no resuelve el problema político. Porque incluso si el proceso continúa, lo hará bajo un clima de desconfianza, con una Legislatura que ya expresó su rechazo y con una parte importante del sistema político decidido a bloquear la reforma. La elección del 9 de agosto, si finalmente se sostiene, no llegará como una fiesta democrática, sino como el resultado de una pulseada institucional.
El Gobierno sostiene que “lo que está en juego es la provincia que vamos a construir para los próximos 30 años”. Pero, por ahora, lo que aparece en primer plano es otra cosa: una reforma atrapada entre la sospecha de reelección, la resistencia legislativa, la judicialización permanente y una sociedad que mira el conflicto desde la distancia, mientras sus urgencias pasan por el salario, el empleo, la educación y el costo de vida.
