La medida surge ante las “repuestas insuficientes” que presentaron las firmas Sideco Americana y Socma.
Ahora, las empresas de la familia del Presidente y el Correo Argentino deberán entregar los documentos contables para conocer sus situaciones bancarias.
El juez federal Ariel Lijo exigió conocer la situación bancaria de empresas del Grupo Macri y Correo Argentino.
En este sentido, requirió los libros societarios y contables desde 2001 hasta la fecha, en la causa penal en la que se investiga si existió delito en el acuerdo entre el Correo por la deuda que mantiene con el Estado Nacional.
Según la Justicia, en junio pasado cuando se libraron órdenes de presentación a las firmas Sideco Americana y Socma, las respuestas de estas “resultaron ser insuficientes”, por esa razón, el juez ordenó ahora oficios a las firmas de la familia Macri como así también a Correo Argentino para que remita los libros societarios desde el 2001 hasta la actualidad para completar la información aportada.
En la causa está imputado el propio presidente Mauricio Macri, el entonces ministro de Comunicaciones, actual de Defensa Oscar Aguad; su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros.
En una ampliación de la imputación, el fiscal Zoni había solicitado que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que había sido denunciado por la fiscal Gabriela Boquin ante la Cámara del fuero Comercial.
Boquin había dicho que el acuerdo entre Correo y el Estado era “abusivo” y había denunciado el aparente intento de “vaciamiento” de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario, vinculado con la familia del presidente Macri.
El caso llegó a los tribunales de Comodoro Py, a partir de cuatro denuncias que se unificaron, dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Fuente M1
