El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata se presentará el próximo 7 de mayo, en Santo Domingo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que el Estado argentino impulse la causa de lesa humanidad por las torturas y abusos que padecieron los soldados que participaron en 1982 del conflicto bélico con Gran Bretaña. “Llegamos a esta instancia para buscar una solución amistosa con el Estado.
Hace 36 años que los soldados de Malvinas están buscando justicia y debe haber un compromiso del país para que se llegue a la verdad”, dijo a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado y representante legal del Cecim en esta causa. La investigación por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los conscriptos argentinos por parte de los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas se inició hace más de 10 años, con una denuncia que se presentó en el juzgado Federal Número 2 de Río Grande, Tierra del Fuego.
En 2009, el ex militar Jorge Eduardo Taranto, uno de los acusados en este causa, presentó ante el juzgado un recurso para pedir la prescripción de los delitos que se le imputaban en una denuncia presentada por un ex soldado. Ese pedido se rechazó en el juzgado y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convalidó esa decisión al establecer que los hechos denunciados debía ser procesados como delitos de lesa humanidad.
Pero dos años más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación validó el pedido de Taranto y en febrero de 2015 la Corte ratificó ese criterio, ante lo cual los veteranos de guerra de La Plata decidieron presentar un recurso ante la CIDH para evitar que se siente un precedente que haga caer la causa. “El fallo de la Corte que aceptó el pedido de Taranto se remitía a un solo caso. Pero antes de esa resolución se presentaron otras denuncias contra el ex militar. La causa sigue, pero necesitamos que haya una activación del expediente”, explicó Guerrero Iraola. En la actualidad, hay radicados en el juzgado de Río Grande -que tiene jurisdicción sobre Malvinas en función del reclamo de soberanía sobre las islas consagrado en la Constitución Nacional- 105 casos de violaciones a los derechos humamos, 95 imputados y 120 denunciantes.
