Tras la denuncia del Gobierno fueguino contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel, la cadena empresaria detrás del proyecto Sea Lion suma un nuevo foco de atención: Premier Oil, Harbour Energy y la posterior vinculación de esta última con activos energéticos en Argentina.
La denuncia del Gobierno de Tierra del Fuego contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel abrió un nuevo capítulo en torno al proyecto Sea Lion, la explotación hidrocarburífera ubicada al norte de las Islas Malvinas y rechazada por la Argentina por avanzar sobre recursos naturales que el país considera propios.
La presentación fueguina apunta a que la petrolera israelí habría informado el proyecto ante inversores como una oportunidad de negocio, sin detallar de manera suficiente los riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos que implica operar en una zona reclamada por la Argentina.
El planteo de la Provincia se dirige a un punto concreto: si una empresa busca financiamiento en los mercados, debe informar no solo las ventajas del negocio, sino también los conflictos legales y políticos que puede enfrentar. Por eso, Tierra del Fuego pidió que la autoridad israelí investigue si Navitas omitió información relevante para sus inversores.
Entre los puntos señalados aparecen el rechazo oficial de la Argentina al proyecto, las sanciones ya aplicadas contra la empresa y las declaraciones del presidente Javier Milei del 2 de abril de 2026, cuando anunció medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales sobre recursos naturales que el país considera propios.
El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, resumió el planteo con una frase contundente: “La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”.
Pero la denuncia contra Navitas también abrió otra línea de análisis. Según información aportada por Gamera, y en sintonía con un señalamiento realizado por el portal Agenda Malvinas, el caso Sea Lion no empezó con la petrolera israelí. Antes hubo otra empresa involucrada: Premier Oil, que tuvo una participación importante en el proyecto hidrocarburífero al norte de las islas.
Luego, Premier Oil fue absorbida por Harbour Energy, una petrolera británica. De ese modo, Harbour heredó la participación en Sea Lion. Más tarde, en 2022, Harbour decidió salir del proyecto y vendió su parte a Navitas Petroleum, la empresa que hoy aparece al frente del desarrollo y que fue denunciada por Tierra del Fuego ante la autoridad regulatoria israelí.
Dicho de otro modo: Premier Oil tenía Sea Lion; Harbour Energy absorbió a Premier y heredó ese negocio; Harbour salió del proyecto; y Navitas quedó como principal responsable del desarrollo petrolero en Malvinas.
Hasta ahí, la secuencia podría leerse como una operación entre petroleras. Sin embargo, el punto políticamente sensible aparece después. Harbour Energy, la misma compañía que había heredado participación en Sea Lion y luego se desprendió del proyecto, terminó comprando activos de Wintershall Dea. Con esa operación quedó vinculada a proyectos energéticos dentro de la Argentina, entre ellos el yacimiento Fénix, en la Cuenca Marina Austral, frente a Tierra del Fuego.
Ahí aparece el nudo incómodo de esta historia: qué ocurre con las empresas que participaron, directa o indirectamente, de negocios hidrocarburíferos en Malvinas y luego buscaron operar, o terminaron operando, en proyectos energéticos dentro del país.
La pregunta no desplaza la denuncia original contra Navitas, sino que la amplía. La presentación fueguina apunta a determinar si la petrolera israelí ocultó información relevante ante sus inversores. Pero la reconstrucción de la cadena Premier–Harbour–Navitas permite mirar otro aspecto del mismo problema: el recorrido de las compañías que entran y salen de proyectos cuestionados por la Argentina en el Atlántico Sur.
En ese marco, el caso vuelve a mostrar que la disputa por los recursos naturales de Malvinas no se juega solo en el plano diplomático. También se mueve en fusiones empresarias, ventas de activos, presentaciones ante mercados internacionales y estructuras societarias que pueden dejar zonas grises difíciles de seguir.
Para Tierra del Fuego, el punto es especialmente sensible. La Provincia no solo reclama jurisdicción política sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, sino que además convive con proyectos energéticos estratégicos en la Cuenca Marina Austral. Por eso, la discusión sobre Navitas abre una pregunta más amplia: cómo controlar la trazabilidad empresarial de quienes intervienen en actividades hidrocarburíferas en áreas en disputa y luego aparecen vinculados a negocios dentro del territorio argentino.
