Tierra del Fuego acudió a la Autoridad de Valores de Israel para pedir que se investigue si la petrolera informó de manera completa a sus inversores los riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos del proyecto Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. “La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”, sostuvo Andrés Dachary.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una denuncia formal contra Navitas Petroleum Limited Partnership ante la Autoridad de Valores de Israel, en el marco del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La presentación sostiene que la empresa habría brindado información engañosa o incompleta al mercado respecto del verdadero alcance de los riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos que enfrenta el proyecto, desarrollado sin autorización de la República Argentina en un área sometida a una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
Según informó la Provincia, directivos de Navitas habrían minimizado ante sus inversores la posición del Gobierno argentino, pese a que la Cancillería rechazó formalmente la decisión final de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper.
En ese pronunciamiento, el Gobierno nacional calificó las actividades como ilegales y recordó que cualquier participación directa o indirecta en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en el área constituye un acto ilícito conforme al derecho argentino e internacional.
La denuncia solicita que la autoridad israelí investigue si Navitas omitió informar de manera inmediata hechos relevantes para sus inversores. Entre ellos, el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya aplicadas contra la empresa y las declaraciones del Presidente de la Nación del 2 de abril de 2026, cuando anunció la adopción de medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales e ilegítimas sobre recursos pertenecientes al pueblo argentino.
Desde el Gobierno fueguino señalaron que el caso no se limita a una controversia empresarial, sino que involucra la protección de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, considerados parte integrante del territorio provincial conforme la legislación nacional vigente.
“Navitas no sólo opera ilegalmente; además debe explicar ante sus propios inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos que implica avanzar sobre recursos naturales argentinos sin autorización”, afirmó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary.
La presentación también remarca que la actividad de Navitas se desarrolla en contradicción con el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, en particular con las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llaman a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación permanezca pendiente.
“La Provincia va a utilizar todas las herramientas institucionales, jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir que empresas extranjeras pretendan explotar ilegalmente recursos naturales argentinos en Malvinas. La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”, agregó Dachary.
Finalmente, desde la Provincia señalaron que el Estado de Israel ha mantenido históricamente una posición de prudencia y limitada intervención respecto de la Cuestión Malvinas, sin expresar un respaldo explícito a las partes en la disputa de soberanía.
En ese marco, el Gobierno fueguino manifestó su expectativa de que las autoridades regulatorias israelíes actúen conforme a los principios del derecho internacional y a los estándares de transparencia y debida información al mercado.
