El mar es un recurso común, pero acceder a información sobre cómo se gestiona sigue siendo un desafío. Un nuevo informe de las organizaciones Sin Azul No Hay Verde (SANHV) y Círculo de Políticas Ambientales (CPA) expone la falta de transparencia en el sector pesquero argentino y la necesidad de contar con datos accesibles para la ciudadanía.
El documento detalla el funcionamiento del sistema de cuotas y permisos, identifica a los actores involucrados y analiza la normativa vigente. Sin embargo, pone el foco en un tema clave: la falta de un registro público de embarcaciones que permita conocer quiénes operan en el mar argentino y bajo qué condiciones.
Foto: Adriana Sanz
Para los especialistas, es momento de avanzar en medidas que permitan un mayor control sobre la actividad. “Se habla mucho de la rentabilidad, de los impuestos y del aprovechamiento privado de los recursos pesqueros, pero poco de la sostenibilidad de la operatoria y la conservación de los recursos”, advierte Milko Schvartzman, responsable del Programa de Océanos del CPA.
Hoy, conocer detalles sobre la gestión pesquera en Argentina no es tarea sencilla. Quienes buscan información sobre el desempeño de las flotas, infracciones o asignaciones de permisos deben enfrentar un proceso burocrático engorroso. La consulta requiere pedidos formales, el rastreo de actas y el análisis de documentos técnicos que no están diseñados para que un ciudadano común pueda comprenderlos fácilmente.
“Esta información debería estar disponible de forma clara y accesible”, señala Juan Coustet, coordinador de Investigaciones e Informes de SANHV. “Estamos hablando de una actividad que se desarrolla sobre un recurso que es de todos, y su gestión debería poder ser controlada por la ciudadanía”.
A diferencia de otros países, Argentina no cuenta con un registro público de embarcaciones de pesca. Tampoco hay acceso transparente a datos sobre los permisos y cuotas que poseen, quiénes son sus propietarios y beneficiarios finales, o si registran antecedentes de infracciones y sanciones.
Foto: Adriana Sanz
Un primer paso para la transparencia
El informe señala que la Ley Federal de Pesca debe interpretarse dentro del marco normativo ambiental más amplio, que incluye la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. Esto refuerza la idea de que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestionan los recursos pesqueros.
Las organizaciones sostienen que la creación de un registro público en línea de embarcaciones pesqueras sería un avance concreto en la transparencia del sector. En varios países del mundo ya se implementó este sistema, lo que permite un mayor control sobre la actividad y una toma de decisiones más informada.
Mientras el sector pesquero sigue en la agenda política por debates sobre regulaciones y explotación de recursos, el acceso a la información continúa siendo una deuda pendiente en la Argentina.
Fotos de Adriana Sanz
