En el 2015, cuando quedó conformada la distribución de bancas de la Cámara Legislativa provincial, muchos actores de la esfera pública cuestionaron a los 4 vientos dicha composición, ya que el bloque oficialista -por ese entonces FPV- contaba con mayoría propia.
Muchos pensaron -pobres ilusos- que esa situación derivaría en que dentro del parlamento fueguino se darían los grandes debates pendientes, como la reforma al Consejo de la Magistratura, tal vez. Pero no. La única gran discusión que atravesó el recinto fue sobre la reforma jubilatoria en enero del 2016 y la aprobación de la “Ley de Aguas”. Será por el exceso de protagonismo de esa polémica primera sesión que después de aquel día no hubo más grandes debates, ni discusiones apasionantes, ni sesiones históricas.
El viernes se llevó adelante la 7ma sesión ordinaria del año. Fue presidida por la legisladora Myriam Martínez, ya que el vicegobernador Juan Carlos Arcando se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo. Se abordaron 61 asuntos. Algunos proyectos fueron girados a las diferentes comisiones en las que serán analizados. Se aprobaron varias resoluciones de presidencia, otras declaraciones de interés y 3 proyectos de ley interesantes.
Uno fue la declaración de utilidad pública sobre unos predios del sector de la Margen Sur en Río Grande, cuyo objetivo es que el Poder Ejecutivo realice la expropiación para poder concretar las obras para reabrir la vieja traza de la Ruta Nacional N°3, con la finalidad de generar un nuevo acceso a esa zona, cosa que vienen reclamando los vecinos desde hace un tiempo. La norma fue aprobada por unanimidad.
El otro proyecto fue la nueva división política de la Provincia, en la que se creó el Departamento de Tolhuin. Tierra del Fuego AIAS quedó repartida en 5 departamentos: Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, Islas del Atlántico Sur y Antárdida. La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo y la UCR. El bloque del MPF no acompañó esta medida.
El último proyecto de relevancia -por los debates que podría impulsar en el futuro- es una norma que modifica la Ley Provincial N°313 de “Tierras Fiscales Provinciales”. En este caso, tampoco obtuvo el acompañamiento del MPF.
Esta norma, entre otros detalles, le impone un plazo de 30 días hábiles -que se contarán a partir de que el asunto correspondiente tome estado parlamentario- a la Cámara Legislativa, para que el decreto sea ratificado, cuando la cantidad de hectáreas adjudicadas supere las 100. Vencido ese plazo, el decreto de adjudicación será ratificado tácitamente.
Hoy existe un asunto de esas características que tiene estado parlamentario. El polémico Asunto 46/16, por medio del que fue enviado el Decreto N°620/16 del Poder Ejecutivo, en el que se le adjudica en venta a Mirna Telma Antunovic unas 10.000 hectáreas dentro de la actual área protegida Reserva Corazón de la Isla creada por la Ley Provincial N°494 y que integra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. El decreto del Poder Ejecutivo surgió como consecuencia de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que definió un litigio entre Antunovic y el Estado que duró años.
Cuando el decreto llegó a la Legislatura para su ratificación, la asociación civil Manekenk inició una campaña de recolección de firmas, a través de la página de internet “Change.org”, para solicitar a los Legisladores que no acompañaran esta medida.
La respuesta de los parlamentarios frente a este reclamo fue dormir el proyecto en la cámara. Pero, ahora el escenario cambió y los legisladores tienen 30 días hábiles para resolver este tema. Aunque algunos creen que podría ser un penal cobrado.
