El 25 de noviembre de 2017 se cumplirán 7 años de la sanción de la ley de Salud Mental. La duda recae hoy en día en adivinar si, para ese entonces, la ley seguirá existiendo tal como la conocemos hoy.
La ley empezó a nacer en marzo de 2007, cuando el por entonces Diputado Nacional Leonardo Gorbacz presentó su proyecto ante la cámara baja. Aquel proyecto fue ampliamente debatido, no sólo por la duración del debate, que se extendió por tres años, sino por la diversidad de voces que participaron del intercambio: CELS (Centro de estudios legales y sociales), OPS (Organización Panamericana de la salud), OMS (Organización Mundial de la salud), el Foro de desmanicomialización, el Consejo Federal Legislativo de Salud, la Secretaría de DDHH de Nación, académicos, estudiosos del tema y, por supuesto, diferentes organizaciones conformadas por familiares y pacientes.
Recién para abril de 2009, sólo algunos meses antes de que Leonardo Gorbacz terminara su mandato, el proyecto definitivo tuvo dictamen favorable de Comisión y 6 meses después, el 15 de octubre de ese mismo año, fue votado favorablemente por la Cámara Baja y girada a Senadores.
Quizás podríamos señalar como principal característica de la Ley de Salud Mental el objetivo de mantener la internación como último recurso; a su vez, prohíbe crear nuevos manicomios en el país, pone el eje en la protección de la salud mental de todas las personas en el marco del pleno goce de los derechos humanos.
Apenas aprobada, la ley fue considerada de avanzada en el mundo por la Organización Mundial de la Salud, ya que se centra en la interdisciplina, la desinstitucionalización y promoción de dispositivos alternativos de atención, y establece mayores garantías para las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad por su padecimiento mental.
Además, establece que las adicciones deben ser abordadas como parte de la salud mental. La norma fue un reconocimiento de que el adicto merece una respuesta terapéutica adecuada por parte del Estado y, de esta manera, se le podría brindar una solución a los cientos de padres que peregrinaban buscando atención por parte del sistema de salud pública.
Hace apenas una semana se conoció un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental que tuvo como marco aquella ley sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
“El proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas”, dicen desde la página oficial de CELS.
Según el mismo organismo los puntos más preocupantes de este proyecto son:
*Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.
*Reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. De igual modo, habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.
*Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria. Además, establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa.
*Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.
*Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. A su vez, impone una nueva conformación plenaria que desequilibra la pluralidad de sectores y favorece mayorías médico hegemónicas.
EL ROMPEHIELOS pudo charlar sobre los alcances de este proyecto modificatorio con el actual Jefe de Gabinete de la provincia de Tierra del Fuego y autor de la Ley Nacional de Salud Mental, Licenciado Leonardo Gorbacz
EL ROMPEHIELOS: Obviamente, ante las últimas noticias me preguntaba cuál sería su opinión sobre las reformas que se impulsan a la ley que fue un orgullo en su momento.
Leonardo Gorbacz: Tomamos conocimiento hace unos días de un proyecto de Decreto que estaba avanzado para la firma del Presidente Macri, que deroga la reglamentación de la ley de salud mental y la sustituye por otro Decreto. Lo que observo centralmente es que sería una reglamentación que no apunta a implementar la ley 26657 sino a desvirtuarla, contrariando sus principios básicos. Eso plantea dos problemas, uno jurídico y otro político. El jurídico es que un decreto no puede cambiar una ley. Y el político, asociado a éste, es que una ley sancionada por los representantes del pueblo y de las provincias –y en este caso, además, por unanimidad- pretende ser sustituida por la decisión de un grupo de personas que no son representativas del conjunto de la población del país.
ER: ¿Fue consultado ante la reforma? ¿Considera que esto último hubiera sido pertinente en el caso que la respuesta sea negativa?
LG: Cuando asumió el nuevo Director Nacional de Salud Mental, el Dr. Andy Blake, me presenté con él y le ofrecí mantener un canal de diálogo, ya que durante los últimos años estuve trabajando en la implementación de la ley pero en ese momento ya había asumido como Jefe de Gabinete en Tierra del Fuego. Pero lo cierto es que este proyecto no fue consultado ni con la provincia, que integra el Consejo Federal de Salud, ni conmigo como autor de la ley. Consultarme a mí claramente no es obligatorio, aunque hubiese sido una posibilidad acorde a la buena voluntad que expresé en esa reunión. En cambio, creo que la provincia sí debería ser consultada para modificar normas que luego requieren una implementación territorial.
ER: Hablemos del trabajo que demandó la creación del proyecto, la aprobación y puesta en marcha en aquel momento: ¿Qué cambió desde entonces y cuál sería el impacto con los cambios?
LG: La construcción de la ley y su reglamentación fue un proceso profundamente democrático, que demandó en total unos 5 ó 6 años. Hubo amplia participación de usuarios y familiares, organismos de derechos humanos, colegios profesionales, universidades y referentes de las provincias. Ese consenso vuelve a expresarse cada vez que algo amenaza el proceso de aplicación de la ley.
Hoy hay mayor cuidado respecto a los derechos de las personas con padecimientos mentales, mayor conciencia de la necesidad de la inclusión social y de los perjuicios de las internaciones prolongadas. Se han fortalecido los equipos interdisciplinarios y la justicia comenzó a jugar un rol más cercano a la garantía de derechos y menos proclive al control social. Crecieron las experiencias comunitarias a pesar que todavía hay mucha resistencia para la sustitución definitiva de los manicomios, que es un eje central de la ley.
Los jóvenes profesionales son más sensibles a estos cambios porque están menos contaminados por las lógicas institucionales, que muchas veces son una especie de zona de confort para muchos colegas de mi generación.
El código civil y comercial receptó estos cambios y hubo un reconocimiento explícito de Naciones Unidas respecto a que nuestra legislación iba a tono con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular porque establece la presunción de capacidad y destituye la presunción de peligrosidad que justificó tanto encierro y sufrimiento.
ER: ¿Cómo considera que han sido evaluados los cambios y de qué supuestamente dependen? ¿Cómo se verían afectados los actuales y futuros pacientes?.
LG: El proyecto que presentó el Ministerio de Salud de Nación claramente refleja la posición de aquellos sectores que se opusieron a la sanción de la ley de salud mental: en particular las clínicas psiquiátricas y los sectores corporativos de la psiquiatría, que no representan a todos los psiquiatras ni mucho menos a todos los profesionales del campo de la salud mental.
El proyecto dice de manera explícita que busca resolver las incongruencias entre la ley de ejercicio profesional de la medicina y la ley de salud mental. El problema es que la ley de ejercicio de la medicina es un decreto ley de Onganía, del año 1967. Lo lógico sería adaptar un decreto de una dictadura de la década del 60 a una ley de la democracia del 2010, y no a la inversa como se pretende.
Y básicamente, lo que hace, es quitar a los profesionales que no son médicos la posibilidad de ser jefes o directores de servicios e instituciones. Claramente un objetivo corporativo que no refleja ninguna preocupación por los derechos de las personas asistidas sino que procura mantener un privilegio que a esta altura del desarrollo de la interdisciplina en el campo de la salud no tiene sentido.
Otro punto preocupante es que bajo el eufemismo de la especialización vuelve a reivindicar al manicomio. La verdad es que la ley de salud mental promueve la libertad como un valor central, y no un mejor estándar de encierro. Cuando en salud mental se habla de “mayor complejidad” asociado a ciertas instituciones, se está mintiendo. La mayor complejidad en salud mental, en todo caso, es la construcción de redes de inclusión social. En salud mental la especialización es un eufemismo que se usa para convalidar la exclusión.
La orientación corporativa del proyecto se revela también con toda claridad cuando se reformula la integración del órgano de revisión, que es un órgano de control, diferenciando y sobrerepresentando a psiquiatras y neurólogos. Además, se propone que la presidencia del Órgano la ejerza el propio Ministerio de salud. Es un sinsentido que un órgano de control sea presidido por el controlado.
En este punto sé que ha habido críticas acerca de la intervención de los profesionales que ejercen la defensa técnica de las personas internadas, más que nada en el ámbito de CABA. Y también con las intervenciones del Órgano de Revisión. Es esperable que en un sistema que se manejó históricamente sin controles reales y efectivos, cualquier control sea vivido como una injerencia extraña y molesta.
Y también es posible que haya que mejorar y rediscutir las prácticas de control del sistema. Lo que no podemos es anularlas y volver al esquema previo donde una persona internada contra su voluntad dependía 100% de la voluntad de la institución. Hay que buscar un punto justo, porque un defensor técnico no puede, como dice el proyecto, subordinarse a la lógica terapéutica. Tampoco debería caer en el espejismo de considerar al profesional como un enemigo del usuario.
Lo cierto es que no sólo el autor de la ley de salud mental, una ley que ha sido modelo a nivel internacional, ha adherido a la lucha contra la manera en que se intenta desvirtuar aquel trabajo interdiciplinario, consensuado y democrático, sino que son decenas de organismos los que se han erigido como defensores de la salud mental en la Argentina.
María Fernanda Rossi
