La pastilla de hoy de Gamera puso el foco en la pesca ilegal y en una contradicción del Atlántico Sur: mientras cientos de buques extranjeros operan al borde de la jurisdicción argentina, Tierra del Fuego todavía tiene una industria pesquera chica frente al peso económico que el recurso tiene en Malvinas.
La pesca volvió a quedar en el centro de la discusión sobre el Atlántico Sur. En su pastilla de hoy, titulada “Piratas a la vista”, Gamera planteó una pregunta incómoda para Tierra del Fuego: qué lugar ocupa la provincia en un mar cargado de recursos, disputas de soberanía, flotas extranjeras y oportunidades económicas todavía poco desarrolladas.
Según la información compartida en la pastilla, la pesca aparece como un sector chico dentro de las exportaciones fueguinas. En 2024 representó el 2,6% del total exportado, equivalente a unos 12 millones de dólares. En materia de recaudación, a través de las Tasas Retributivas de Servicios de Industrias Pesqueras, la AREF habría recaudado 862,6 millones de pesos, alrededor de 616 mil dólares.
La comparación con Malvinas muestra otra escala del mismo problema. De acuerdo con las cuentas nacionales publicadas por el gobierno ilegítimo británico de las islas, la pesca y la acuicultura fueron en 2024 la principal actividad económica del archipiélago, con el 58,3% del PBI nominal y un aporte de 168 millones de libras, una cifra cercana a los 223 millones de dólares.
El contraste abre una discusión que va más allá de la estadística. Tierra del Fuego está ubicada en el corazón geográfico del Atlántico Sur, pero su participación en la economía pesquera sigue siendo reducida frente a la magnitud de los recursos que se extraen en la región.
En paralelo, la presión de las flotas extranjeras sigue creciendo en la llamada milla 201, justo por fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Según un informe difundido por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, cada año se concentran allí entre 400 y 600 embarcaciones extranjeras, principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán.
El informativo sostiene que entre 2019 y 2024 la extracción en esa zona aumentó 65%, mientras que el esfuerzo pesquero de la flota china creció 85%. En términos de volumen, Argentina desembarca entre 750 mil y 900 mil toneladas anuales de productos pesqueros, mientras que las capturas extranjeras en el Atlántico Sudoccidental se ubican entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año.
Uno de los recursos más presionados es el calamar Illex argentinus. No se trata solo de una especie comercial. También cumple un rol clave en la cadena alimentaria marina, porque es alimento de merluzas, aves, mamíferos marinos y otras especies del ecosistema del Mar Argentino.
El problema no está únicamente fuera de la jurisdicción argentina. En 2024, el caso del buque Tai An volvió a exponer fallas de control dentro del sistema nacional. La embarcación, de bandera argentina y propiedad de la empresa fueguina Prodesur S.A., fue detectada con casi 139 toneladas de merluza negra capturada ilegalmente en una zona de protección de juveniles. El Gobierno nacional decomisó la mercadería y aplicó sanciones económicas.
En los últimos meses, la pesca ilegal también entró en la agenda internacional. Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, exrepresentante de Cancillería ante el Consejo Federal Pesquero, en el marco de una política contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Casi al mismo tiempo, Argentina avanzó en un entendimiento con Estados Unidos para reforzar la vigilancia marítima en el Atlántico Sur. El acuerdo contempla cooperación operativa, entrenamiento, drones y aeronaves para tareas de patrullaje y monitoreo, aunque también abrió cuestionamientos políticos por el rol de una potencia extranjera en un área sensible para la soberanía argentina.
Ahí aparece otra capa del problema. La pesca ilegal afecta recursos naturales, empleo, exportaciones y control marítimo. Pero el Atlántico Sur también es una zona estratégica, atravesada por Malvinas, rutas marítimas, hidrocarburos y disputas de soberanía.
La foto completa deja una contradicción difícil de esquivar. Afuera, cientos de buques extranjeros capturan enormes volúmenes sobre especies vinculadas al Mar Argentino. En Malvinas, el Reino Unido sostiene un esquema de licencias pesqueras sobre recursos del Atlántico Sur. Dentro de la jurisdicción argentina, casos como el Tai An muestran debilidades de control. Y mientras tanto, Tierra del Fuego, una provincia ubicada frente a ese mar, sigue teniendo una industria pesquera chica, con baja recaudación identificable y poco valor agregado visible.
