El Ejecutivo fueguino cuestionó la sentencia del Juzgado Electoral que anuló el Decreto 751/26 y pidió que se habilite la continuidad de la elección de convencionales constituyentes. Según el recurso, la resolución desconoce una decisión del Superior Tribunal de Justicia y genera incertidumbre sobre un proceso institucional ya iniciado.
La presentación llega después de que el Juzgado Electoral Provincial declarara la nulidad del Decreto 751/26, que había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. Para el Gobierno provincial, la decisión judicial carece de sustento suficiente y tiene impacto directo sobre el proceso de reforma de la Constitución fueguina.
El planteo oficial apunta a que la jueza Mariel Zanini habría considerado la existencia de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como argumento para anular la convocatoria, pese a que, según sostiene la apelación, ese recurso no suspende el trámite del proceso.
En el escrito, el Ejecutivo remarca que el Superior Tribunal de Justicia ya había validado la Ley Provincial 1529, levantado la cautelar que mantenía suspendido el proceso electoral y ordenado una nueva convocatoria. También señala que el máximo tribunal provincial rechazó luego el Recurso Extraordinario Federal, con lo cual la cuestión habría quedado firme en la instancia local.
La apelación sostiene además que, al momento de dictarse el Decreto 751/26, no existía ninguna medida cautelar vigente, suspensión judicial ni resolución de la Corte Suprema que impidiera avanzar con la elección de convencionales.
Uno de los ejes centrales del recurso es la defensa de la autoridad institucional del Superior Tribunal de Justicia. Según la mirada oficial, el fallo del Juzgado Electoral revisa e interpreta una decisión ya dictada por el máximo órgano judicial de la provincia, cuyos pronunciamientos constituyen jurisprudencia obligatoria para los jueces y tribunales fueguinos.
Desde el Gobierno entienden que permitir que una instancia inferior deje sin efecto práctico una resolución del Superior Tribunal altera el orden institucional y el sistema de jerarquías previsto por la Constitución provincial.
La apelación también advierte que la nulidad del decreto impacta sobre un proceso electoral ya iniciado y abre un escenario de incertidumbre en torno a una instancia clave para el futuro institucional de Tierra del Fuego.
El Ejecutivo sostiene que aceptar que una presentación ante la Corte Suprema pueda paralizar automáticamente decisiones judiciales provinciales pondría en riesgo la estabilidad de otros procesos institucionales y afectaría principios como la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Por eso, solicitó que la Cámara intervenga con carácter urgente y revierta el fallo, para permitir la continuidad de la convocatoria electoral destinada a elegir convencionales constituyentes.
Para el Gobierno fueguino, la controversia no se limita a la validez de un decreto. También involucra la autonomía provincial, la división de poderes, el sistema federal, los derechos políticos de la ciudadanía y el normal funcionamiento de las instituciones republicanas.
