La adhesión a la Ley Nacional de Montañismo fue aprobada en la Legislatura provincial y ya empezó a generar posiciones encontradas. Mientras comunidades de montaña y guías celebran un marco que reconoce una práctica arraigada y ordena su desarrollo, el sector rural cuestiona la norma y pide su veto. La discusión, de fondo, vuelve a poner en juego cómo se convive con la montaña en Santa Cruz.
La Legislatura de Santa Cruz sancionó la adhesión a la Ley Nacional N° 27.665 durante la décimo quinta sesión ordinaria. La norma declara al montañismo como actividad de interés deportivo, cultural, socio-recreativo y de turismo sustentable. El diputado por El Calafate, Carlos Alegría, impulsó el proyecto, que luego de su aprobación quedó a la espera de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Qué propone la Ley de Montañismo
La adhesión provincial reconoce al montañismo en un sentido amplio: senderismo, trekking, escalada, ascensionismo y todas aquellas prácticas que se desarrollan en entornos de montaña. Parte de la idea de que no se trata solo de una actividad deportiva, sino de un fenómeno social, cultural y económico que ya existe y que necesita reglas claras.
Entre sus principales ejes, la ley plantea la creación de un Registro Provincial de Guías de Montaña y Escuelas de Formación, la conformación de un Comité Técnico que garantice estándares de seguridad y calidad, y la promoción de medidas de fomento en regiones estratégicas. También habilita la celebración de convenios entre el Estado y actores públicos y privados, impulsa eventos deportivos y culturales, y promueve el acceso responsable a senderos y corredores, incluso a través de acuerdos con propietarios de tierras.
En los fundamentos del proyecto, Alegría, remarcó que Santa Cruz cuenta con escenarios naturales únicos para el desarrollo del montañismo y que referentes del sector venían reclamando un marco normativo que ordene una actividad que ya genera empleo y movimiento económico en localidades cordilleranas.
El rechazo del sector rural
La sanción de la ley despertó una reacción inmediata de parte de entidades rurales. Durante el 50 aniversario de la Sociedad Rural de Lago Argentino, el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), Enrique Jamieson, pidió abiertamente al gobernador que vete la norma. El principal argumento fue que la ley “carece de responsabilidad total para los dueños de la tierra”, en referencia a campos privados donde históricamente se desarrollan prácticas de montaña.
El planteo volvió a poner sobre la mesa una tensión entre el uso del territorio, el acceso a la naturaleza y el equilibrio entre derechos privados y prácticas comunitarias que llevan décadas desarrollándose sin un marco legal específico.
Concejo Deliberante de El Chaltén – Foto Ahora Calafate
Mientras el debate se nacionalizaba, El Chaltén avanzó en sentido contrario. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza de adhesión a la Ley de Montañismo, convirtiéndose en la primera localidad de Santa Cruz en formalizar su incorporación al nuevo marco normativo.
Durante la sesión, la entonces presidenta del cuerpo, Elizabeth Romanelli, subrayó que gran parte de las actividades de montaña que se practican en la localidad se desarrollan fuera de áreas protegidas, en sectores de uso común para vecinos y visitantes. En ese contexto, la adhesión aparece como una herramienta que ordena, protege y da previsibilidad tanto a quienes practican montañismo como a propietarios de campos privados.
La ordenanza reconoce el acceso responsable, el cuidado ambiental y la preservación cultural y patrimonial, e incorpora además la intervención de autoridades ante emergencias, equiparando los accidentes en contextos de montaña a cualquier otra situación dentro del ejido urbano. Para el concejal Heber Zella, la adhesión fue “un abrazo” a una práctica profundamente arraigada en la comunidad.
Más que una ley, una discusión de fondo
La promulgación de la Ley de Montañismo por parte del gobernador Claudio Vidal, pese al pedido de veto del sector rural, dejó una señal política clara: reconocer una actividad que ya forma parte de la vida cotidiana de muchas localidades y que, bien regulada, puede convivir con la producción y el respeto por la propiedad privada.
El desafío, de ahora en más, será cómo se implemente. Cómo se construyen los acuerdos en territorio, cómo se definen los senderos, los accesos y las responsabilidades, y cómo se garantiza que la montaña siga siendo un espacio de encuentro, trabajo y disfrute, sin caer en lógicas de exclusión ni en conflictos evitables.
