Luego de un proceso de negociaciones que comenzó en el año 2012, se firmó el primer tratado legalmente vinculante en derechos ambientales de América Latina, mediante el cual los países signatarios se comprometen a adoptar las medidas y políticas necesarias para cumplir con el principio 10 de la Declaración de Río 1992. Argentina es uno de los países que suscribe al acuerdo.
América Latina y el Caribe es el escenario de incontables violaciones y delitos ambientales perpetradas por grandes empresas multinacionales y grupos de poder que actúan, muchas veces, con impunidad y violencia. De hecho, América Latina está considerada como una de las regiones más peligrosas para los activistas y defensores ambientales, quienes sufren amenazas y ataques que muchas veces terminan cobrando sus vidas. Estos hombres y mujeres representan el último bastión de defensa del ambiente natural y los derechos humanos relacionados con éste. Según las estadísticas, la región es una de las más mortíferas para los defensores ambientales. De los 197 activistas asesinados en el año 2017, el 60% pertenecen a América Latina y el Caribe. Uno de los casos más resonantes es el de Berta Cáceres, asesinada en el año 2016. Ella consiguió, junto a su pueblo, que una de las constructoras hidroeléctricas más grandes del mundo, Sinohydro (China), se retirara del proyecto para construir la presa Agua Zarca en el cauce del río Gualcarque, sagrado para los lenca (pueblo originario de Honduras y El Salvador). Dicho proyecto se aprobó violando el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, conforme al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que fue ratificado por Honduras en 1995.
Berta Cáceres, activista ambiental asesinada en 2016
El 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su propia casa. Su nombre se unía al de los más de 100 activistas hondureños asesinados entre 2010 y 2014 por su lucha contra empresas transnacionales.
En vista de la grave realidad que atraviesa la región, surgió la necesidad de llegar a este tratado que tiene como objetivo proteger a los defensores del medio ambiente, mejorar el acceso a la información ambiental, ampliar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y más.
Este proceso se inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago, mediante la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, con la significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en su calidad de Secretaría Técnica. La Declaración cuenta actualmente con 24 países signatarios y está abierta a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe.
“Los países y los grupos de la sociedad civil en América Latina y el Caribe han tomado una posición histórica para salvaguardar la columna vertebral de la protección del medio ambiente: las personas. La violencia contra los defensores del medio ambiente va en aumento, y América Latina es la región más peligrosa del mundo para ellos”, sostuvo Carole Excell, directora de Democracia Ambiental del World Resources Institute.
El tratado requiere que los Estados signatarios establezcan políticas y estándares para cumplir con el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este principio busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.
“Con este acuerdo, América Latina y el Caribe atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”, señaló Alicia Barcená, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Abel Sberna
