Diana Román, referente de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma, por el mismo medio, sostuvo que “es muy grave la cantidad de bajas que hubo, la mayoría son de Río Grande y por certificados de incapacidad laboral”. Sobre el caso en cuestión, dijo que la revisión del mismo “viene a corroborar lo que sospechábamos; no sabemos si intencionalmente o por impericia, en Río Grande están evaluando para abajo. Esto es causal directa de suspensión y caducidad de la pensión”, advirtió Roman.

Luego explicó que “alrededor de un diez por ciento de personas con discapacidad han quedado sin pensiones a partir del nuevo gobierno. Lo que hicieron fue bajar los porcentajes de incapacidad laboral y crear resoluciones”, indicó. Manifestando que “no se debería poder aplicar retrospectivamente, y la aplican para las nuevas pensiones. Cuando una persona va a pedir una pensión, se hace una evaluación socioeconómica de la familia y en base a eso las están denegando”, señaló la representante de la Secretaría de Discapacidad de la Central.

Después destacó que “hasta ahora los amparos judiciales que hicimos por este tema los vamos ganando, pero no todo el mundo sabe qué derechos los asisten y puede iniciar un amparo. Uno no logra entender desde el sentido común por qué se vulnera a las personas con discapacidad, cuando es el estado el principal responsable y garante de protegerlas”. Reiterando que “en el caso de esta chica otra junta médica determinó que tiene el 66% de incapacidad laboral, pero supongamos que se resuelve que tiene un 30 ó un 40 por ciento de incapacidad, tampoco hay programas de inclusión laboral. No se cumple con el cupo del 4% ni a nivel provincial, municipal, ni nacional. Una menor con discapacidad, cuando cumple los 18 años, si está en condiciones de trabajar se queda sin el ingreso de la pensión y sin trabajo”, concluyó.

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