El 29 de mayo pasado, el ilegítimo gobierno británico en Malvinas resolvió extender la pretendida Área Marítima Protegida a la totalidad de la zona de las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Todo comenzó en 2012, cuando el gobierno inglés anunció la creación de un Área Marítima Protegida que abarca más de un millón de kilómetros cuadrados de espacios marítimos adyacentes a las islas Georgias y Sandwich del Sur.
Esta acción que se esconde tras argumentos ambientales, constituye una violación a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, que insta a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a que se abstengan de adoptar decisiones que impliquen introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso de negociación para poner fin a la disputa de soberanía.
A raíz de esto fue que el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, a cargo de Jorge Argüello, demandó al al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación que presente una protesta formal contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según información oficial. Vale la pena recordar en este punto que la relaciones exteriores son potestad del Gobierno Nacional.
Argüello planteó en la nota presentada que no hay señales de que el Reino Unido tenga intenciones de fortalecer el vínculo bilateral en términos de cooperación y diálogo considerando que las acciones perpetradas por el gobierno inglés y “atento los resultados obtenidos hasta la fecha, solo ha beneficiado a una de las partes de la disputa, mientras que por medio de su accionar continúa impidiendo un diálogo de buena fe”.
El objetivo de la presentación ante Cancillería es “no consentir acciones que puedan poner en peligro nuestra posición jurídica y a efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Luz Scarpati
