Finalmente, el Consejo de la Magistratura abordó la denuncia presentada contra la jueza Felicita Maiztegui Marcó, quien fue acusada por organizaciones sociales y sindicales por su declaraciones vertidas a través de la red social Twitter vinculadas con la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. El organismo, encargado de seleccionar y remover magistrados, resolvió rechazar la presentación en contra de la doctora y remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, con el único voto negativo del representante del Poder Ejecutivo y jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz.
La reunión del Consejo de la Magistratura de la Provincia contó con la presencia de su presidente e integrante del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume, quien elaboró el informe que recomendó rechazar la denuncia presentada contra Maiztegui Marcó. Además participaron del encuentro Leonardo Gorbacz, los legisladores Federico Bilota y Pablo Blanco (representando al Poder Legislativo) y los representantes de los colegios de abogados Oscar Suarez y Miguel Ángel Castro. El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, estuvo ausente.
Los denunciantes alegaron que la magistrada a cargo del Juzgado Correccional de Ushuaia “con sus expresiones demuestra su nula vocación democrática, desprecio al estado de derecho y observancias principios elementales de derecho que emanan de la Constitución Nacional”. También indicaron que “la juez confunde el derecho a la libertad de expresión con la apología al odio y el negacionismo del terrorismo de Estado”. Además, consideraron que “los magistrados deben contar con una responsabilidad agravada al momento de respetar el Estado de derecho, y propender a su respeto por todos los medios posibles obstando a realizar cualquier acto que menoscabe de cualquier manera el mismo”.
El juez Sagastume propuso en su informe que “se remitan las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia a los fines de que la conducta denunciada sea analizada en el marco ético/disciplinario de su competencia”. Es decir, descartó el jury, porque los trapitos nunca se lavan al sol.
El juez hizo un análisis sobre los dichos de la magistrada, ponderando la libertad de expresión sobre la responsabilidad pública que tiene un funcionario del Poder Judicial y consideró que “ella no pretendió desconocer la realidad de la historia política de nuestro país, más bien dar su opinión sobre un aspecto histórico. No se pronunció desconociendo los delitos de lesa humanidad, los pronunciamientos judiciales firmes al respecto, la validez de las normas que fueron declaradas inconstitucionales ni apoyó el obrar ilícito cometido”. Una de las consideraciones de Maiztegui Marcó vía twitter fue “No fueron 30.000 los desaparecidos”.
De todas formas, Sagastume evaluó que “la libertad de expresión debe ser mesurada para los magistrados”, recordó el Código Iberoamericano de Ética Judicial que reza que “el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentadora contra los valores y sentimientos predominantes de la sociedad en la que presa su función” y remarcó que “situaciones como estas merecen una investigación en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia como organismo competente”. Es bajo esos argumentos, que en vez de que continúe el proceso en el ámbito del Consejo de la Magistratura, lo derivaron al máximo organismo judicial de la provincia.
Los consejeros Bilota, Blanco y Suarez adhirieron a los términos vertidos en el informe emitido por presidencia. Castro es el Fiscal Acusador, por lo que no emite voto. Por su parte, Leonardo Gorbacz optó por la negativa. Finalizada la reunión explicó en declaraciones a la prensa judicial: “Considero que esas expresiones son preocupantes y requieren de una investigación más profunda porque se es juez de un Estado de Derecho y considero que en nuestro país, por la historia particular que tiene respecto a los Derechos Humanos, la defensa irrestricta del Estado de Derecho y la Constitución son requisitos fundamentales para ser juez”.
Luz Scarpati
