Mientras todas las miradas se mantienen fijas en el huracán que azota el norte de América, en nuestro país el avance del agua parece no tener control. Millones de hectáreas sumergidas, pueblos bajo el agua, habitantes desplazados, caminos inhabilitados e infraestructura destruida es el saldo que dejan las inundaciones en Argentina
Las intensas lluvias de los últimos días han hecho estragos. Millones de hectáreas se encuentran actualmente afectadas por una gran inundación. El Ministerio de Agroindustria ha decretado la emergencia agropecuaria en el centro y litoral del país. Con precipitaciones superiores a los 100mm en pocas horas, los productores se han visto obligados a posponer la siembra de esta temporada. Hay campos que se encuentran bajo un metro de agua.
En La Pampa la situación es dramática. A los daños provocados por los incendios de principio de año, se suma la inundación. Un ejemplo de lo que sucede en esta provincia es el caso de la localidad de Rancul, que quedó aislada debido a que las rutas se encuentran intransitables. Situaciones como esta se repiten en diversos puntos de la zona afectada.
En la provincia de Buenos Aires el escenario no es más prometedor. Por lo menos 10 localidades fueron afectadas por el agua, entre las que se cuentan los partidos de Florencio Varela, Quilmes, La Matanza, Berazategui, Morón y General Rodríguez.
Se estima que un 25% de la producción agrícola se encuentra dañada y un 34% de stock vacuno a nivel nacional, el cual se encuentra en una etapa crítica del ciclo productivo, que no sólo puede afectar el ciclo actual, sino también los próximos. Según las estimaciones de las entidades agropecuarias, las pérdidas podrían calcularse en mas de U$D 1.000 millones.
¿Por qué se repite cada año esta situación? ¿Por qué cada vez las inundaciones son peores? La respuesta, aunque no lo parezca, es bastante sencilla. La drástica disminución de los bosques, la expansión de los suelos sembrados y el impacto sobre los humedales, sumado al aumento de las precipitaciones a causa del cambio climático son la combinación perfecta para la catástrofe.
Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines de 2014 se deforestaron 2.107.208 hectáreas, de las cuales 626.244 hectáreas eran bosques protegidos.
En vista de esta situación, no debería extrañarnos que las inundaciones y las catástrofes relacionadas a los fenómenos climáticos sean cada año más severas. La agricultura y la ganadería intensiva son las responsables de la catástrofe que hoy las afecta y la falta de políticas efectivas a nivel nacional para controlar la expansión desmedida no augura un futuro en el que veamos un cambio positivo.
Los bosques y humedales son los reguladores naturales del clima y de la cantidad de agua que se escurre o absorbe por el suelo, al mismo tiempo que lo protegen de la erosión. Los bosques captan carbono, disminuyendo la cantidad de gases de invernadero en la atmósfera, contribuyendo así a la regulación del clima. Al verse afectado este sistema, el suelo pierde la capacidad de absorber el agua, produciendo que, durante las lluvias, ésta corra por los campos provocando inundaciones. Al mismo tiempo, la regulación climática falla y las lluvias son más intensas y frecuentes. “La deforestación implica una gran pérdida de biodiversidad, genera cambio climático y nos vuelve más vulnerables a sus consecuencias. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”, sostiene Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. La asociación ambientalista viene pronunciándose hace tiempo sobre este tema, haciendo responsable directo de la situación al Estado Nacional. Greenpeace advirtió que frente a los compromisos asumidos por el país para combatir el cambio climático, es necesario el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques vigente, como así también la sanción de una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales, y la aprobación de una Ley de Protección de Humedales.
La realidad está a la vista. La deforestación y el avance de la frontera agropecuaria tiene graves consecuencias en el corto plazo que afecta directamente a la economía y al correcto funcionamiento de los servicios ambientales. Si la situación no se revierte es muy probable que nos enfrentemos a un futuro crítico donde la vida y el desarrollo en vastas regiones de nuestro país ya no sean posibles.
Abel Sberna
