El funcionario destacó que “estuvo todo el equipo económico trabajando durante el fin de semana y esta tarde va a haber un encuentro con el equipo económico provincial. Ahí vamos a llevar una contrapropuesta en los temas que están dando vuelta hace dos años. Primero, tiene que ver con la necesidad de que algunos de los fondos que estaría recibiendo la provincia como consecuencia de la firma del pacto fiscal sean coparticipables, como los famosos bonos que recibirían, lo mismo que cualquier otra ayuda. Debe ser coparticipable porque, si no, la provincia firma un pacto a costa exclusivamente de los recursos de los municipios”, manifestó.
Aseguró que “ni Río Grande, ni Tolhuin ni Ushuaia” están “dispuestos a que el pacto se haga a costa de nuestros fondos”, remarcando que “cualquier otro recurso extraordinario también debiera ser coparticipado”. Respecto del impuesto inmobiliario, dijo que se seguirá planteando una resolución política, que “no se planteó de parte de la provincia sino de los municipios. Este reclamo lo vamos a continuar haciendo”, indicó.
Consultado sobre la prórroga de la emergencia previsional ante el vencimiento de la ley 1068 los primeros días de enero, habría un principio de acuerdo político, dado que la Municipalidad no está dispuesta a que le descuenten más de cien millones el próximo año para paliar déficit. “Se habló de la prórroga de la emergencia previsional, porque desde la caja previsional plantean que el municipio se haga cargo del déficit. Si hacemos una revisión histórica, los municipios hicieron más aportes de lo que cobraban sus jubilados, y es una mirada muy sesgada tomar los datos de 2018 en adelante sin ver para atrás”, cuestionó.
Dado que el vicegobernador Arcando se pronunció a favor de que siga la emergencia previsional, barajó que “quizás en el fin de semana se han dado cuenta de que es inviable que los municipios hagan este enorme aporte, porque para 2018 se calculan 103 millones de pesos para el Municipio de Ushuaia, que lo desfinancia totalmente. Sabemos que hubo reuniones el fin de semana con los legisladores, y de su inquietud por esta situación”, expresó, sin una postura definida por completo a favor de la prórroga.
Por el momento, “la contrapropuesta es que no tenemos por qué hacernos cargo del déficit, por el mal manejo que hubo de la caja”, dijo Souto.
Consultado respecto de las tasas, y si deberán bajarlas, respondió que este tema “se planteó en forma genérica pero no se habló específicamente de ninguna de las tasas”. Lo mismo expresó sobre el rol provincia-municipios, que prevé eliminar áreas superpuestas. “También fueron cuestiones genéricas”, señaló.
Desde las Municipalidades se reclamarán “cuestiones que tienen que ver con subsidios al transporte y puntualizamos en 13 ó 14 puntos nuestra respuesta”, precisó.
En cuanto al aporte de los municipios al subsidio de gas envasado, que implica más de 700 millones en 2018, adelantó la negativa. “No hay acuerdo sobre este punto y volvemos al planteo original, para que la DPOSS pase a la órbita del municipio. Esto es una propuesta concreta, porque fue parte de nuestra campaña y en esto se empezó a trabajar los dos primeros meses”, recordó, teniendo en cuenta que estuvo a cargo de Guillermo Worman instrumentar el traspaso durante la transición, aunque luego asumió como presidente de la DPOSS.
Souto remarcó que “el acuerdo previo entre julio y diciembre de 2015 había sido este, el traspaso de la DPOSS, obviamente con los recursos correspondientes. Eso era lo acordado, la transferencia de la DPOSS con la deuda y también con los recursos”, insistió.
Consultado sobre la posibilidad de debatir una nueva ley de coparticipación provincia-municipios, lo descartó y la contrapropuesta será “el goteo de fondos, como coparticipa la nación a la provincia, en forma diaria”. En síntesis, se le preguntó con qué acuerdan de lo que presentó el gobierno, y hasta ahora “el acuerdo es que estamos en desacuerdo”, pero “queremos discutir todo, sentarnos y llegar a algún acuerdo responsablemente. Nunca se termina de satisfacer a todos, pero es la única forma de resolverlo, cara a cara en una mesa. Seguramente nos iremos conformes con una parte y en desacuerdo con otras, que espero sean pocas”, deseó. “La situación se está viendo cada vez más compleja y los que pagan las consecuencias de no sentarse a dialogar son los vecinos”, concluyó el funcionario.
