Javier Iguacel titular del área publicó el viernes en el Boletín Oficial la normativa que establece que los usuarios de la red de gas de todo el país deberán afrontar un cargo extra en sus facturas desde enero y por 24 meses para compensar a las empresas por la devaluación del peso.
El argumento del Gobierno Nacional para establecer un aumento del cobro del servicio retroactivo pretende poner fin a una disputa entre las compañías productoras y las distribuidoras de gas, ya que el precio del insumo está dolarizado y, cuando se acordó el aumento en las tarifas de abril, se previeron contratos a un tipo de cambio de unos 20 pesos. Sin embargo, 6 meses después el dólar ronda los 40 pesos. Las productoras y las distribuidoras con la anuencia de la administración macrista, resolvieron que esa diferencia la pague los usuarios.
Quien fue muy claro al explicar esta situación fue el Ingeniero Oscar Suarez en diálogo con Radio Universidad: “Las empresas en ese momento (en abril) tenían un dólar a 20, y ahora lo llevaron a 40 pesos, lo que generó una deuda del contrato que tienen los productores de Tierra del Fuego -YPF, Total, Roch-. con las distribuidoras. La deuda acumulada entre todas las distribuidoras con los productores del gas es de 10.000 millones de pesos y esto alguien lo tiene que pagar y el Gobierno determinó que la tenemos que pagar los usuarios”.
El que fue más duro en sus declaraciones, fue el ex juez Luis Arias -que fue destituido luego de frenar los incrementos tarifarios en provincia de Buenos Aires- al conversar con FM Centro. El ex funcionario judicial opinó que el Gobierno Nacional está garantizando ganancias extraordinarias, ya que el Poder Ejecutivo “le está pagando a toda empresa que ingrese gas al sistema de transporte 7 dólares con 50, cuando el precio internacional es de 4 dólares. Esa diferencia también la pagan los usuarios.
Además Arias explicó que los servicios públicos son una actividad indispensable para del desarrollo humano “por eso se los sustrae del mercado y se los somete a un regulación. En ese marco se establece que las tarifas deben ser razonables, justas y no confiscatorias”. Lo que significa que las empresas no tengan ganancias exorbitantes. Sin embargo, hoy tenemos tarifas altas, pero no por una necesidad de producción sino para garantizar los suculentos negocios de las empresas.
Por otro lado, este lunes se presentaron los primeros amparos en la Justicia para que la resolución sea anulada. La ONG “Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” presentó un amparo colectivo en la justicia federal de La Plata y lo mismo hizo Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, junto a un club social y deportivo ante la justicia de esa localidad. Las presentaciones buscan que se dicte de nulidad de la Resolución 20/18 y su inconstitucionalidad, y son a favor de todos los usuarios de gas del país.
Por su parte la senadora Cristina Kirchner presentó este viernes un proyecto de ley para derogar la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía en el Congreso Nacional.
Y por último el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel por la normativa en cuestión, alegando que el funcionario incurrió en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario y solicitó una cautelar para suspender los incrementos.
Luz Scarpati
