El proyecto buscaba Inhabilitar a los condenados por delitos de violencia de género para ocupar cargos públicos, “que no es un proyecto exclusivo de nuestro espacio o de nuestro bloque”, sostuvo el Concejal (UCR) Paulino Rossi.
“En estos días hubo 8 personas en el mundo destacadas por su lucha contra la trata de personas, una de ellas Alika Kinan, con ella logramos el año pasado una serie de ordenanzas que han sido muy destacadas e incluso salimos a dar charlas y conferencias sobre los logros normativos que tuvimos en la ciudad, y después de que recibió este reconocimiento por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ella misma hizo expresiones en las que explicaba la importancia de dos herramientas que le quedaban pendientes, que se trabajaron en este Concejo Deliberante siendo pioneros a nivel mundial”, detalló Rossi.
En el mismo sentido el concejal sostuvo que “Uno es un proyecto que estamos trabajando con el concejal Nogar que está en comisiones y el otro es este proyecto que fue tratado en la última sesión, que complementa la Carta Orgánica; la misma dice que no puede ser concejal alguien que haya sido condenado por un delito doloso, nosotros redoblamos la apuesta y dijimos que aquellos que sean condenados por delito doloso que sea agravado por violencia de género, no solo no pueda ser concejal sino que tampoco pueda ser funcionario en ninguno de los poderes del Estado”.
“Yo sé que la realidad actual marca que es muy difícil que alguien pueda estar en un cargo directivo habiendo sido condenado por violencia de género, pero tampoco lo tiene prohibido.
Era una ordenanza muy importante, desde el punto del vista simbólico, que decimos que no queremos en los cargos de responsabilidad personas que sean violentas; sin embargo, y a pesar que lo discutimos en comisiones con Francisco Ibarra, que es un destacado abogado de nuestra ciudad, que ha llevado adelante cuestiones importantes sobre violencia de género y él nos pudo dar una clase realmente magistral sobre el sustento jurídico de esta normativa, pero prefirieron solicitar un dictamen de un abogado interno del concejo deliberante en el que plantea que no era viable porque sería redundante en función de la carta orgánica y prefirieron darle la espalda a la lucha que llevamos adelante acompañando a Alika Kinan” añadió el edil.
EL ROMPEHIELOS se comunicó con las tes concejalas que estuvieron presentes en la sesión y no acompañaron la iniciativa, obteniendo respuestas de dos de ellas. La concejala Mora se excusó explicando que estaba pasando por un momento familiar que requería su total atención.
Por su parte, la concejala Verónica González (FORJA) detalló los argumentos para su voto negativo sosteniendo que “el proyecto es sobreabundante, no hace al fondo de la cuestión que nos trasciende a las mujeres”, tras lo que añadió “está claro, como reconoció el propio autor, que es una norma declarativa y me parece que a esta altura de las circunstancias lo que menos necesitamos son declamaciones innecesarias”.
Sobre la misma línea, González indicó que “está claro que los ediles no somos jueces que podamos generar inhabilitaciones o penas accesorias que las leyes no prevén, no podemos arrogarnos esas facultades o hacerle creer a la comunidad que sí podemos”.
En tanto la concejala María Eugenia Duré (FPV) afirmó que “lo que nos toca es profundizar en cuestiones concretas que sean herramientas efectivas para las mujeres y para eso es bueno sumar a nuestro trabajo legislativo a las diferentes organizaciones feministas y especialistas que trabajan en la erradicación de la Violencia de Género”.
“Nuestra Carta Orgánica establece, en su artículo 79, la inhabilitación a condenados por delitos dolosos, lo cual, desde la interpretación que hacemos, comprende a los condenados por Violencia de Género. Las cuatro concejalas realizamos un pedido de dictamen al área jurídica del Concejo, el cual resultó con observaciones que encontraban coincidencias con nuestra postura”, detalló Duré.
Quién también tomó postura al respecto fue la reconocida activista Alika Kinan quién en declaraciones a FM Aire Libre dijo que “el tropiezo que dieron las concejalas es un mensaje que asusta; me asusta porque la idea es quitar a los violentos de los lugares de poder, la violencia no se derrama hacia el resto de los funcionarios”.
“El mensaje que dejan las concejalas es que son tolerantes con los violentos”, agregó Kinan, notablemente sorprendida.
Para cerrar, agregó que “yo considero que todo es útil, lo declarativo, lo práctico y lo teórico. Necesitamos más cosas, hay que educar a la sociedad contra la violencia con mensajes claros; es un grave tropiezo de las mujeres ahí”.
En abril del presente año, en FM Profesional, la vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia de Salta, Tania Kiriaco, tras la seguidilla de casos de funcionarios que habían sido acusados y hasta condenados por delitos de violencia de género, destacó la importancia de que se generen mecanismos para removerlos e inhabilitarlos.
En recomendación a los tres poderes del Estado, el Observatorio recordó que, ante la reiteración de casos significativos, exhorta a “establecer normativamente, como requisito para acceder y/o permanecer en cargos públicos, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades”.
Tierra del Fuego, a miles de kilómetros, se erige entre las provincias con más casos de denuncias de violencia de género y un triste récord en casos de femicidio. Según la propia Comisaría de Familia de la ciudad de Río Grande, en promedio, se reciben unas 100 denuncias al mes, 5 al día, y los casos llegan a duplicarse durante los fines de semana.
Por su parte, los datos ofrecidos en noviembre de 2016 por la ONG “La casa del encuentro”, indican que nuestra provincia se posiciona segunda a nivel país, estadísticamente hablando, en casos de femicidios, solo antecedida por la provincia de Catamarca.
El abogado Ignacio López Guardone, consultado por este medio para entender si la aprobación de la ordenanza afectaría al Concejo Deliberante como tal, sostuvo: “daño en sí no se produciría ninguno, lo que puede pasar es que sea una herramienta que diga un poco lo mismo respecto a lo que dice el art. 79 de la Carta Orgánica; distinto sería si individualizaran sobre un sujeto, siempre las normas son de aspecto general, si son normas individualizadas ahí sí hay un atropello legal”.
Ya en el año 2012 las crónicas periodísticas fueguinas daban cuenta de un aumento sostenido y significativo de las denuncias de casos de violencia de género, cinco años después los números no hacen más que crecer, ¿no sería, acaso, tanto mejor que “sobreabunde”, tal los argumentos esgrimidos, a que falte?.
La cuestión es seguir avanzando en la lucha contra los distintos tipos de violencia machista.
María Fernanda Rossi
