El debate por el futuro de la acuicultura en Tierra del Fuego se reavivó con el dictamen que avala modificar la Ley N° 1.355. La aprobación, en una reunión cargada de tensiones y acusaciones de irregularidades, dejó al proyecto a un paso del recinto. Lapadula alertó sobre “grises inaceptables” y reclamó: “Esto hay que hacerlo bien, no rápido”.
En diálogo con El Rompehielos, el legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) explicó por qué, pese a declararse a favor del desarrollo acuícola en la provincia, no acompañará el dictamen en su redacción actual. “En vez de trabajar seriamente, analizando todo, se está trabajando a las apuradas, evidentemente pensando en algún proyecto en particular enfocado a la salmonicultura. Y me parece que no es la forma ni la manera en que deberíamos estar tratando un tema tan importante y una actividad que puede ser importantísima para la provincia”.
Durante la última sesión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y de Legislación General, finalmente se obtuvo dictamen a favor de la modificación de la Ley 1355. La reunión contó con la presencia de funcionarios provinciales, representantes de organizaciones, pueblos originarios, pescadores artesanales, actores del sector comercial y diversos miembros de la comunidad. En ese encuentro se emitió dictamen para el proyecto presentado por el Ejecutivo, aunque la firma no estuvo exenta de controversia. La legisladora Laura Colazo (Partido Verde) denunció que, tras haberse declarado un cuarto intermedio, éste se levantó una vez que ella se retiró, y se emitió dictamen “sin su presencia ni conocimiento previo”. Luego renunció a la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y calificó el procedimiento como una vulneración a “los principios de transparencia, participación y respeto institucional”. El legislador Pablo Villegas (MPF) también advirtió sobre “un grave vicio de ilegalidad”.
El legislador Matías Lapadula cuestionó el enfoque con el que, según él, se está impulsando la ley: “Yo siempre consideré y me manifesté a favor del desarrollo de la acuicultura como actividad en la provincia de Tierra del Fuego; creo que tenemos un potencial enorme para trabajarlo”, dijo. “Lo que sí creo es que esto se tiene que hacer con responsabilidad y siendo absolutamente celosos en el cuidado del medio ambiente. No se pueden dejar puertas abiertas o grises que permitan después que estas actividades se desarrollen de manera que tengan un impacto ambiental severo y con un daño que es irreversible, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la salmonicultura tal cual se desarrolla en Chile”.
Lapadula fue enfático: “No, claramente no” a que el Atlántico se convierta en una zona de sacrificio para la salmonicultura. “Empecemos a trabajar la acuicultura con lo que tenemos y no nos pongamos en la cabeza traer especies que no son autóctonas o que no están en la provincia”. Insistió en que la ley debe incorporar un apoyo explícito a pequeños productores: “El tema de la protección ambiental tiene que ser algo innegociable. Y lo que tiene que ver con una política de soberanía alimentaria también. Esto se habla mucho, pero no está plasmado en ningún artículo de la ley”.
Sobre las proyecciones de empleo difundidas en algunos medios, Lapadula desmintió que existan cifras inmediatas de miles de puestos: “Estamos hablando de proyectos que pueden generar 120, 200 empleos directos y algunos más”. Es por esto que insistió en la necesidad de priorizar el apoyo a pequeños productores, cuyo aporte al empleo local —afirmó— es mucho mayor. “Apoyar a 400 productores es dar mínimo 400 empleos, el doble de lo que generaría un proyecto industrial de salmonicultura. Y cada productor es una familia, a veces con uno o dos empleados. El impacto económico y social es mucho mayor”.
Para Lapadula, el apuro está relacionado con la agenda electoral. “Si hablamos de algo de mediano y largo plazo, pensando en la provincia para los próximos 30 años, no se puede decidir en tres días. Tenemos que tomarnos todo el tiempo que sea necesario, porque estamos definiendo algo que va a modificar la economía de Tierra del Fuego por las próximas tres décadas”.
El polémico dictamen del viernes pasado, obtuvo solamente cuatro firmas: Myriam Martínez (Forja), Coto (La Libertad Avanza), Juan Carlos Pino (PJ) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin).
