En noviembre pasado se presentó un proyecto de ley específico para la creación de un “Área Marina Protegida Bentónica” en la porción de 164.000 kilómetros cuadrados de “plataforma continental bajo jurisdicción argentina” que corresponden al Agujero Azul.
En una porción de la zona de aguas internacionales conocida como Agujero Azul, unos 4.300 kilómetros cuadrados sobre la plataforma continental argentina y al límite de su zona económica exclusiva (ZEE), se enciende cada noche una ciudad de luces que desde el espacio se ve como otra Área Metropolitana de Buenos Aires, superándola incluso en tamaño.
La luminosidad la producen barcos pesqueros de diferentes banderas que operan allí con técnicas destructivas del medioambiente y en situación de dudosa legalidad, a cuya acción intenta poner coto un proyecto de ley para crear un “área marítima protegida bentónica” (del lecho marino) y otro “superador” que está en proceso de elaboración en el marco de la iniciativa interministerial Pampa Azul, en consonancia con uno de los lineamientos del futuro Tratado Global de los Océanos que Argentina impulsa junto a otros países en la ONU.
La magnitud de la actividad pesquera que allí se desarrolla -involucra tanto prácticas legales como ilegales- quedó demostrada en imágenes satelitales de la NASA, difundidas por la organización ambientalista Greenpeace, que el pasado 12 de enero contabilizó 270 buques concentradas en una superficie de 4.300 kilómetros cuadrados, a 500 kilómetros del Golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur.
“El Agujero Azul es una zona del mar que tiene una pequeña porción dentro de la ZEE y el resto afuera. Se llama así porque es un corredor biológico del Mar Argentino, muy rico en biodiversidad”, dijo a Télam la coordinadora de la campaña de Greenpeace por la protección del Mar Argentino, Luisina Vueso.
El área es poco profunda (con áreas inferiores a 200 metros), dado que “tiene la particularidad” de que allí la plataforma continental argentina se extiende más allá del final de su ZEE, lo que la transforma en “un vivero de poblaciones como el calamar” por la enorme disponibilidad de alimento y condiciones que facilitan la reproducción.
Además es el lugar elegido por “muchos mamíferos en sus migraciones”, algunos de ellos en estado vulnerable de conservación, como los rorcuales y cachalotes.
Pero esta misma riqueza hace del Agujero Azul “un foco de atracción” para los buques pesqueros de aguas distantes que encuentran allí uno de los dos únicos lugares del mundo donde pueden aplicar la técnica de “pesca de arrastre de fondo” en aguas internacionales, y por eso se han convertido en “un caladero muy importante” para la obtención de calamar, merluza común y merluza negra.
Otro problema es que “están destruyendo ecosistemas que son muy frágiles y muy importantes”, señaló Vueso.
Es que la pesca de arrastre empleada para la merluza “es muy poco selectiva” y “devasta todo el suelo (marino)” arrasando con corales, esponjas y muchos peces que luego son descartados; mientras que la otra técnica, denominada “de palangre”, usada para los calamares, si bien es más selectiva, usa anzuelos y carnadas a nivel superficial, lo que “afecta también a las aves”.
Ocurre que las aguas internacionales, es decir, aquellas que se extienden más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de cada país, están reguladas sólo por organismos o acuerdos regionales para la pesca denominados Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP).
No obstante, están avanzadas las conversaciones en la ONU para la elaboración de un Tratado Internacional de Aguas Profundas -o Tratado Global del Mar- que “sería el primer instrumento vinculante bajo la Convención sobre el Derecho del Mar (1982) y abarcaría la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas fuera de jurisdicciones nacionales”, según describe Naciones Unidas.
Voceros de Cancillería recordaron que en 2017 la Asamblea General de la ONU convocó una conferencia diplomática para la elaboración de este tratado que “regulará aspectos relacionados con los recursos genéticos marinos, las áreas marinas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental, entre otros”; y cuya cuarta y última reunión fue postergada en marzo pasado por la pandemia.
“La Argentina participa activamente en este proceso, abogando por la elaboración de un tratado universal, balanceado y efectivo que permita cerrar las brechas que existen actualmente en la protección del medio marino”, dijeron.
A nivel internacional, el Gobierno argentino “coordina posición con el G77 y China, y el grupo de países latinoamericanos afines”, mientras que “en el plano interno, la posición nacional es consensuada entre la Cancillería y los organismos competentes del Estado”.
“La negociación del tratado ‘BBNJ’ (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) es actualmente la más importante en el ámbito del derecho del mar y cobra especial importancia para nuestro país teniendo en cuenta su extenso litoral marítimo que incluye una plataforma continental cuyo límite recientemente demarcado la proyecta como una de las más extensas de la región”, dijeron.
Y como “el principal desafío en la gestión de los ecosistemas marinos es integrar los diferentes intereses económicos y sociales garantizando la salud del mar y su biodiversidad y promoviendo la utilización sustentable de sus recursos”, la apuesta argentina es por “un tratado que refleje un equilibrio entre los diferentes intereses, a la vez que resguarde la soberanía, jurisdicción y derechos de los Estados ribereños”.
Por su parte, Vueso consideró que el tratado “permitiría crear santuarios marinos” en hábitats críticos como el Agujero Azul y la expectativa es “salga este año, pero depende de los gobiernos del mundo”.
El llamado de atención de Greenpeace sobre esta área específica hace referencia también al hecho de que algunos buques pesqueros internacionales “desactivan sus sistemas de posicionamiento satelital” para adentrarse en la ZEE argentina, incurriendo en pesca ilegal, una actividad que combaten de modo sinérgico los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Agricultura.
Una iniciativa específica para la protección del Agujero Azul es el proyecto de ley presentado por los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y Leonardo Grosso (Frente de Todos) en noviembre pasado, para la creación de un “Área Marina Protegida Bentónica” en la porción de 164.000 kilómetros cuadrados de “plataforma continental bajo jurisdicción argentina” que corresponden al Agujero Azul, pero al ser de carácter “bentónica” involucra solo el lecho marino excluyendo la columna de agua superior.
“El problema allí no es solo la pesca ilegal sino el tipo de pesca que arrasa con todo, afectando a las especies que buscan refugio para su reproducción y cría en sus cañones submarinos, algunas de ellas amenazadas regional o globalmente”, dijo a Télam Camaño.
Por otro lado, agregó, “están las explosiones que se generan en el área para la búsqueda del petróleo”, lo que “también es altamente perjudicial” para los ecosistemas marinos.
Este proyecto fue abordado en la última reunión del Comité de la Iniciativa Pampa Azul que integran los ministerios de Ciencia, Ambiente, Agricultura, Defensa, Seguridad, Turismo y Relaciones Exteriores.
Fuentes de este espacio explicaron que en función de los resultados de esa reunión, “se está conformando una comisión especial para elaborar un proyecto alternativo y superador”, que mantenga el espíritu del original pero “que se apoye en Parques Nacionales como autoridad de aplicación”, que recoja la opinión de “los organismos especializados en las distintas materias” y que tengan en cuenta todos los “intereses involucrados”, incluyendo los pesqueros e hidrocarburíferos.
Fuente: María Alicia Alvado para Télam
