Ayer se conoció por Radio Provincia un caso concreto, con la quita de la pensión a la hija de Graciela Tejo, quien relató que en la junta médica le certificaron un 10% de discapacidad, pero pudo certificar con una nueva evaluación que tenía el 66%, y ahora debe volver a iniciar todo el trámite para recuperar la pensión.
Diana Román sostuvo que “es muy grave la cantidad de bajas que hubo, la mayoría son de Río Grande y por certificados de incapacidad laboral”, precisó. Indicó que en el caso de Graciela Tejo, pudo hacer la revisión por su cuenta “y viene a corroborar lo que sospechábamos. No sabemos si intencionalmente o por impericia, en Río Grande están evaluando para abajo. Esto es causal directa de suspensión y caducidad de la pensión”, manifestó. Lo calificó como “una locura”, por la vulneración de derechos, y dio a conocer que “alrededor de un diez por ciento de personas con discapacidad han quedado sin pensiones a partir del nuevo gobierno. Lo que hicieron fue bajar los porcentajes de incapacidad laboral y crear resoluciones”, indicó, citando la resolución 65, que firmó el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz el 1° de marzo de 2016. “No se debería poder aplicar retrospectivamente, y la aplican para las nuevas pensiones. Cuando una persona va a pedir una pensión, se hace una evaluación socioeconómica de la familia y en base a eso las están denegando”, informó.
Por la vía judicial han podido recuperar algunos beneficios. “Hasta ahora los amparos judiciales que hicimos por este tema los vamos ganando, pero no todo el mundo sabe qué derechos los asisten y puede iniciar un amparo. Uno no logra entender desde el sentido común por qué se vulnera a las personas con discapacidad, cuando es el estado el principal responsable y garante de protegerlas”, cuestionó. “En el caso de esta chica -la hija de Tejo-, otra junta médica determinó que tiene el 66% de incapacidad laboral, pero supongamos que se resuelve que tiene un 30 ó un 40 por ciento de incapacidad, tampoco hay programas de inclusión laboral. No se cumple con el cupo del 4% ni a nivel provincial, municipal, ni nacional. Una menor con discapacidad, cuando cumple los 18 años, si está en condiciones de trabajar, se queda sin el ingreso de la pensión y sin trabajo”, planteó. “Con cualquier padre que hablamos, lo primero que esperan es que sus hijos puedan trabajar cuando llegan a la edad adulta, y se pelea para mantener la pensión por el nivel de desocupación que hay, porque las personas con discapacidad son las últimas en ser empleadas. Por eso hay leyes que los protegen y establecen los cupos laborales. El estado es el primero que incumple y lo reconocen tanto a nivel provincial como municipal. No cumplen el cupo y no contratan a nadie”, aseveró.
Para Román esta evaluación puntualmente de las juntas médicas de Río Grande no está bajando el porcentaje de incapacidad laboral “por ineptitud, sino que es un plan para ajustar presupuesto, y el ajuste lo hacen de esta manera, recortando derechos, obra social, pensiones”. “Hay un diez por ciento menos de pensiones, 300 personas menos en la obra social y esto no tiene otro fundamento más que recortar derechos”, sentenció. Desde la CTA se prevé asesorar legalmente y también a través de una profesional en medicina laboral. “Cada vez llegan más personas que dicen que les han suspendido la pensión y siempre es por el CMO -Certificado Médico Oficial-. Les estamos pidiendo que nos acerquen las historias clínicas, porque uno no tiene la fundamentación para decir si están bien o mal evaluados, pero se ha puesto a disposición una médica legista que puede evaluar los casos y darnos un panorama para saber si es acertado reclamar en la justicia. Esto es lo que vamos a hacer”, informó. Invitó a acercarse a “aquellas personas a las que le suspendieron o le dieron de baja la pensión a partir de un CMO que da menos del 66% y coinciden en que están mal evaluados, porque los vamos a asesorar con el equipo de abogados y con una médica”, concluyó la dirigente.
