El subsecretario de Coordinación de Pesca y Acuicultura, Diego Marzioni, defendió el nuevo esquema para la acuicultura en Tierra del Fuego. Sostuvo que la Ley Provincial Nº 1601 y su reglamentación ordenan la actividad con plazos, criterios objetivos y escalas diferenciadas según el tipo de emprendimiento.
“La nueva reglamentación no habilita una acuicultura sin límites, sino un esquema de desarrollo posible, con condiciones técnicas, ambientales e institucionales que garanticen sostenibilidad, control público y protección efectiva del ambiente”, indicó.
Diego Marzioni, se refirió al Plan Estratégico de Desarrollo Acuícola y Pesquero presentado por el gobernador Gustavo Melella en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese marco, el funcionario señaló que esta etapa apunta a dotar al Estado de herramientas para promover inversión, generar riqueza y crear empleo, en función de la condición insular de Tierra del Fuego, sus ventajas sanitarias y el potencial de sus recursos hidrobiológicos.
Marzioni remarcó que el proceso no supone una reducción de controles ni una merma en las facultades de las autoridades ambientales e hídricas de la provincia. Según indicó, el objetivo es otorgar mayor organización institucional para que esas intervenciones se ejerzan con previsibilidad, trazabilidad y eficacia.
Además, explicó que la sanción de la Ley Provincial Nº 1601 y su reglamentación permiten definir con mayor precisión las características de la actividad. En ese sentido, sostuvo que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) será la herramienta que determine dónde podrán localizarse los proyectos, bajo qué condiciones y qué especies podrán desarrollarse.
De acuerdo con el funcionario, el régimen también establece una hoja de ruta con plazos claros, criterios objetivos y una Ventanilla Única de ingreso, con la intención de dar previsibilidad administrativa a futuros inversores y proyectos.
A su vez, detalló que la normativa diferencia tres escalas de emprendimientos —artesanal, preindustrial e industrial— para que las exigencias, evaluaciones y trámites sean proporcionales a la magnitud de cada iniciativa, evitando que los pequeños productores afronten las mismas cargas que los proyectos de mayor escala.
Por último, Marzioni subrayó que existen restricciones legales que se mantienen vigentes, entre ellas las vinculadas al Canal Beagle y a las áreas especialmente protegidas, que conservan resguardos específicos para impedir desarrollos incompatibles con la preservación de los ecosistemas más sensibles de la provincia.
