El pasado 19 de diciembre las dos cámaras de la Legislatura mendocina aprobaron la modificación de la ley 7722 que regula la actividad minera en la provincia. El proyecto de reforma impulsado por el gobernador Rodolfo Suárez, deroga la prohibición a la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras. Esto trajo como resultado una masiva movilización en la provincia con el apoyo de numerosos sectores políticos y sociales de todo el país, la cuál terminó en represión. A pesar del masivo rechazo, las modificaciones a la ley fueron promulgadas este lunes por el ejecutivo provincial.
Desde la llegada de los primeros europeos al territorio americano la extracción de metales y minerales ha sido una de las actividades económicas más importantes. Cuando los europeos desembarcaron en América comenzaron a extraer todos los bienes naturales que podían encontrar, poniendo una especial atención a metales como el oro. Este saqueó brutal fue posible gracias a la persecución y el sometimiento de los pueblos ancestrales que habitaron el territorio y a la apropiación de sus tierras. A partir de ese momento el aprovechamiento de los bienes naturales comenzó a basarse en el modelo extractivista que llega hasta nuestros días, el cual consiste en la obtención de recursos a partir de la explotación intensiva de la naturaleza.
Lejos de haber menguado con el paso de los años el modelo extractivista minero ha evolucionado en la megaminería, una explotación a gran escala que implica masivos movimiento de suelo, una elevada utilización de recursos y un alto pasivo ambiental. Debido a que las vetas con altas concentración de metales se encuentran agotadas, la práctica de una minería tradicional es imposible, por lo que la megaminería aprovecha los metales diseminados en la tierra, extrayendo grandes cantidades de suelo para procesarlo y separar el metal del resto de su composición. Este proceso implica la remoción de montañas enteras y la utilización de procesos químicos, lo que provoca un gran impacto en el ambiente, exponiendo al suelo y a los cursos de agua a contaminación con sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico.
El modelo minero actual ha sido sostenido indistintamente por los diferentes gobiernos de los últimos tiempos, independientemente de los partidos y la ideología política, a pesar de la gran resistencia social que ha venido creciendo en las últimas décadas. La justificación para el fomento de este tipo de actividad es siempre la misma: la necesidad de generar empleo y flujo económico en regiones del país donde el dinero y el trabajo escasean y las sucesivas crisis económicas que hemos atravesado han sido justificativos de la necesidad de impulsar este tipo de actividades productivas. Lo cierto es que la megaminería ha probado no ser una actividad que signifique un progreso para la economía y la sociedad. Muy por el contrario, las poblaciones en donde las mineras se instalaron no han mejorado su situación a pesar de décadas de explotación de los recursos, con el agravante de haber provocado un deterioro ambiental irreparable, como es el caso de los diversos derrames de sustancias químicas en ríos como el Jachal y La Palca en San Juan, provincia con un importante desarrollo minero apoyado históricamente por su gobierno.
El pasado 19 de diciembre, la historia del modelo extractivista en Argentina comenzó a escribir una nueva página. La provincia de Mendoza realizó importantes modificaciones a la ley 7722 que regula la actividad minera, habilitando el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que se encontraba prohibido en la provincia desde el año 2007. Esta decisión contó con el apoyo de la mayoría del arco político provincial y con el guiño del nuevo gobierno nacional que ve con buenos ojos el desarrollo de la megaminería como una opción para generar recursos económicos que ayuden al país a superar la crisis económica que atraviesa. El presidente de la Nación, Alberto Fernández ya se había manifestado favorable al impulso de la megaminería en Mendoza. Días antes de la polémica modificación, el presidente, reunido con la Asociación Empresaria Argentina, dijo que “en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que también se involucre en lo que es la explotación minera. Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”. Estas declaraciones, que daban por sentada la modificación de la ley días antes de su tratamiento, sumadas al nombramiento de Alberto Hansel, ex empleado de la minera Barrick Gold, como Secretario de Minería de la Nación, le valieron al Presidente duras críticas.
Si bien la megaminería ha sido rechazada por diversos sectores, en especial ambientalistas y asambleas vecinales en estos últimos años, y en parte debido a la influencia por el compromiso social que se vive a nivel global debido a la crisis climática, las cuestiones ambientales han tomado una gran relevancia, hecho que se ve constatado en la masiva respuesta popular en contra de las recientes modificaciones a la ley 7722. Luego de la polémica decisión de los diputados mendocinos, se convocó a una marcha en repudio, solicitando al gobernador Rodolfo Suárez el veto a las modificaciones.
De nada sirvió la movilización de mas de 50.000 personas de toda la provincia con el apoyo de diversos sectores de todos los rincones del país. De nada sirvieron las críticas de científicos del CONICET, de investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, de organizaciones no gubernamentales como FARN, Greenpeace o Vida Silvestre Argentina. De nada sirvieron las solicitadas firmadas por miles de personas de todo el país ni las voces de personalidades del arte, la ciencia y el conocimiento que se expresaron en contra de la medida. “La reforma de la Ley 7722 es un reflejo de la política argentina con respecto a lo ambiental, en donde un grupo muy pequeño de gente adinerada sigue decidiendo en detrimento de los derechos de la mayoría, a costa del derecho al agua y el derecho a la salud no solo de Mendoza, sino de todo el país. Solo se piensa en pos de un beneficio económico”, declaró a la prensa Nicole Becker, referente de Jóvenes por el Clima que participó de la COP25 denunciando la situación de Vaca Muerta y el Fracking. La suya fue una de las tantas voces que se expresaron contra las medidas del gobierno mendocino.
La movilización partió en la mañana del domingo desde San Carlos y fue nutriéndose en su paso por las localidades de Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, el Este, Uspallata y San Rafael. La caravana de autos, camionetas y bicicletas llegó a tener 12 kilómetros sobre la ruta 40. El lunes la nutrida movilización, catalogada como la más grande en la historia de la provincia, fue recibida por una casa de gobierno vallada y custodiada por la policía. La respuesta del gobierno de Mendoza fue la represión de las manifestaciones populares en la calle, invisibilizadas por los medios de comunicación masivos del país y el silencio del Gobierno Nacional. Antes de la represión que dió por concluida la manifestación, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial provincial, Humberto Mingorance, expresó que no habría veto ya que los cambios habían sido “impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos”.
Lejos de ser oídos los reclamos populares, las modificaciones fueron promulgadas el lunes por la tarde por el poder ejecutivo de Mendoza. Desde ahora se encuentra habilitada la explotación de la megaminería con sustancias químicas que hasta la semana pasada estaban prohibidas debido a la peligrosidad que representan para la salud y la vida del pueblo mendocino. La norma representa un grave retroceso en materia de desarrollo sustentable y de conservación del ambiente, pero los tiempos están cambiando y las sociedades ya no silencian su rechazo a la destrucción del ambiente y a la vulneración de su derecho a un ambiente sano. El mensaje del pueblo mendocino, acompañado por miles de personas de todo el país, es claro: Mendoza dice NO a la megaminería.
Abel Sberna
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