Horas antes del tratamiento del proyecto de presupuesto en la Cámara de Senadores, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1049/18 que eliminó lo dispuesto por el Decreto 751/12 firmado por Cristina Fernández durante se gestión como presidenta. La normativa rezaba: “Déjanse sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros, previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus normas complementarias, para las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo”.
La intención de eliminar los beneficios impositivos fijados por la Ley 19.640 a las actividades vinculadas con la producción de gas y petróleo estaba relacionada con lograr el autoabastecimiento energético en el marco de la política industrial, según se desprende de los propios argumentos del decreto de 2012:
“Que corresponde profundizar las acciones destinadas a la concreción de los objetivos perseguidos con la Ley Nº 26.741, mediante la cual se declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la REPÚBLICA ARGENTINA el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.”
Vale la pena recordar el contexto en el que se encontraba Argentina, cuando la Administración Fernández Kirchner emitió la normativa de 2012. Durante 2011 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) confirmó las investigaciones realizadas por el geólogo Charles Edwin Weaver, quien publicó en 1931 entre sus descubrimientos la “Formación Vaca Muerta”. En febrero del año siguiente, YPF estimó las reservas en 22.500 millones de barriles estimados de petróleo (BEP).
Dos meses después, se oficializó la expropiación del 51% de las acciones de YPF por medio de la Ley 26741 que además fijó como política energética prioritaria el autoabastecimiento del país y la exportación de saldos excedentes de hidrocarburos para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras. Nueve días después de la promulgación de la ley nacional, Cristina Fernández de Kirchner emitió el decreto 751/12. La cronología pareciera indicar que la intencionalidad del Gobierno Nacional fue fomentar las inversiones en Vaca Muerta cuyo potencial es indiscutible.
El decreto 1049/18, que se publicó ayer en el boletín oficial, exceptúa “de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º del Decreto Nº 751 del 15 de mayo de 2012 y su modificatorio, a las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo que se detallan en el Anexo a esa norma, vinculadas con nuevos emprendimientos hidrocarburíferos”. Además le otorga la potestad a la Secretaría de Gobierno de Energía para definir los alcances del término “nuevos emprendimientos hidrocarburíferos”.
Omar Nogar, Secretario de Hidrocarburos de Tierra del Fuego AIAS, destacó la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional en declaraciones a FM Centro y reconoció las gestiones llevadas adelante por la gobernadora Rosana Bertone desde el inicio de su gestión para modificar el decreto original.
Unas semanas antes de la emisión del decreto 1049, la legisladora del bloque UCR-Cambiemos había celebrado en declaraciones a FM Del Sur “finalmente vamos a tener la petroquímica de la que tanto hemos hablado, para industrializar los recursos naturales de Río Grande”. En este punto vale la pena destacar la publicación, durante los últimos días de octubre, que realizó el sitio Econojournal.com, en la que difundió que el Grupo Mirgor -que comanda Nicolás Caputo, socio y amigo de Mauricio Macri- buscaba reflotar el viejo proyecto conocido en la Provincia como “Convenio Chino”. El acuerdo tenía como objetivo la construcción de una planta de urea en Río Grande y la industrialización del gas. Sin embargo, debido a los reiterados incumplimientos de la empresa, el Ejecutivo decidió dar por concluido el convenio.
Por último, las crónicas nacionales sostienen que no había unanimidad de criterio sobre este tema dentro del gabinete nacional, ya que el Ministro de Economía, Nicolás Dujovne no acompañaba la media, porque la decisión va en desmedro de la recaudación y con los números finitos del presupuesto cada pesito cuenta para llegar al “déficit primario cero” que acordó el funcionario con el Fondo Monetario Internacional para el adelanto de los desembolsos del crédito stand-by. Quien impulsó dentro de la Rosada el nuevo decreto, fue Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, funcionario designado para negociar con los gobernadores, el acompañamiento de los diputados y senadores a diferentes iniciativas oficialistas dentro del Congreso Nacional. Con las miradas puestas en el presupuesto nacional y las manos de los senadores fueguinos para alcanzar los 37 votos afirmativos, eran absolutamente necesarias en con un poroteo ajustado.
Luz Scarpati
