La gobernadora de la Provincia, se presentó ante la Cámara de Senadores junto a una comitiva de aliados políticos y anunció la presentación de un proyecto de ley que busca ampliar -en tiempo y en bienes- el subrégimen de promoción industrial cuyo anclaje es la Ley 19.640, vigente desde 1972.
Alejandro Lanusse como presidente de facto fue quien emitió la ley que moldeó la actividad productiva de Tierra del Fuego AIAS por 46 años, el mismo Lanusse responsable de la “Masacre de Trelew”. Los argumentos que motivaron al militar a implementar esta normativa fueron “la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad”.
La ley estableció una serie de beneficios impositivos para incentivar la actividad productiva en la Provincia, lo que derivó en la sucesiva generación de puestos de trabajo y un crecimiento demográfico superior al promedio de muchas regiones del país. Pero, ese crecimiento no estuvo acompañado de la infraestructura necesaria para contener a la población. Además en su Artículo N°32 quedó establecida la facultad del Gobierno Nacional para modificar el marco jurídico en función de las necesidades que el contexto demanden.
El 4 de Abril de 1995, bajo la presidencia de Carlos Menem quedó delimitado el subrégimen industrial, que comenzó a direccionar la actividad productiva hacia la electrónica a través del Decreto 479/95 que reza en su primer artículo: “Las empresas industriales radicadas al amparo de la Ley Nº 19.640 mediante la presentación de proyectos podrán solicitar la sustitución de productos fabricados con los beneficios del marco normativo actualmente vigente, los que tendrán validez hasta el 31 de diciembre del año 2013. Sólo en el caso de que se trate de proyectos que originalmente previeron la fabricación de un único producto podrán solicitar la sustitución parcial de esa capacidad de producción por otro producto”. En la normativa se incorporó una anexo que establecía las 60 empresas que estaban habilitadas para acogerse bajo los beneficios de la 19640, entre las que figuraba Continental Fueguina S.A.. Paradójicamente 8 días más tarde en el marco de una brutal represión, Víctor Choque fue asesinado.
En 2003, con Eduardo Duhalde en el sillón presidencial, otro decreto se sumó a la configuración del subrégimen: el 490/2003, que amplió la posibilidad de que nuevas empresas se sumen a la actividad productiva fueguina. Finalmente en 2007, el Presidente Néstor Kirchner emitió el Decreto 1234/07 que prorrogó el marco jurídico establecido en los decretos anteriores.
El subrégimen industrial, no es sólo esta ley nacional, más bien es un complejo entramado de decretos y resoluciones que afectan a la industria fueguina, todavía endeble. Recientemente una resolución de la AFIP que modificó algunas posiciones arancelarias volvió a poner en riesgo toda la actividad industrial, los funcionarios de la Provincia pusieron el grito en el cielo y -en esta oportunidad- la Administración Macri dio marcha atrás.
La intención del proyecto presentado por estos días en el Congreso Nacional por Rosana Bertone, busca “incorporar la producción de nuevos bienes para complementar otras industrias del país que es el camino que viene proponiendo la Provincia lo que enriquecería a la Argentina e industrialmente y favorecería a otras regiones” explicó en declaraciones a FM Centro el Ministro de Industria, Ramiro Caballero.
Según el funcionario se trata de “un proyecto de ley que discute sobre la industria Tierra Del Fuego pero que busca generar una aprovechamiento de nuestra capacidad instalada para beneficiar a otras industrias de la Argentina porque están necesitando la tecnología que ya existe en la Provincia, por lo que prevalece la idea de federalismo”. Por otro lado la iniciativa busca extender hasta el 2073 los beneficios establecidos en el subrégimen, equiparando la situación con Manaos en Brasil que tiene una marco normativo similar. Vale la pena destacar que sostener un marco jurídico por 20 años genera previsibilidad para que el empresariado realice inversiones a largo plazo.
Caballero recordó que “la 19640, no tiene vencimiento pero tiene su anclaje en los decretos de reglamentación, que van direccionando la producción” de la Provincia. Esto habilita la posibilidad que las sucesivas administraciones nacionales cambien las reglas de juego lo que deriva en la eliminación de las posibilidades de desarrollo.
Finalmente Caballero enfatizó en que “los nuevos bienes que busca incorporar el proyecto presentado son complementarios a las necesidades de la industria en otras regiones de Argentina. Por ejemplo abastecer al sector Automotriz o al sector de energías renovables que está creciendo de a poco en el país” aprovechando la capacidad tecnológica instalada en Tierra del Fuego AIAS.
Luz Scarpati
