Argentina es el tercer país que más genera basura electrónica en América Latina y aún no cuenta con una ley de gestión de residuos de este tipo. Actualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en un proyecto que podría cambiar la preocupante realidad que atravesamos.
A medida que la tecnología y el mercado asociado a ésta, avanzan, el consumo de dispositivos electrónicos se incrementa. Hoy en día las empresas de tecnología lanzan al mercado nuevos modelos de celulares en plazos que no superan el año, lo que convierte rápidamente en obsoletos, a los ojos de los consumidores, equipos recientemente adquiridos. Nos encontramos inmersos en una verdadera cultura del desecho, en la cual la vida útil de nuestros dispositivos electrónicos no se corresponde con su capacidad de cumplir sus funciones, sino que responde estrictamente a las leyes del mercado. Este frenesí de producción y consumo se aprecia no solo en la telefonía, sino también en todo el espectro de productos tecnológicos, como televisores o equipos de computación. En nuestro país, cada persona genera alrededor de 7kg de basura electrónica al año, lo que representa una nada despreciable cifra de 300.000 toneladas anuales de residuos tecnológicos. Argentina ocupa el tercer puesto de América Latina en generación de residuos electrónicos, luego de Brasil y México.
El problema reside en la composición de estos desechos, que incluye contaminantes altamente riesgosos que requieren de un tratamiento específico. Uno de los componentes más peligrosos presentes en la basura electrónica son los metales pesados, como el mercurio que se utiliza en los monitores de pantalla plana como dispositivo de iluminación, que puede causar daños en el sistema nervioso central, y el cadmio, utilizado en las baterías recargables de las computadoras y en los antiguos monitores de tubo, que es altamente tóxico y afecta principalmente riñones y huesos. Un smartphone contiene entre 500 y 1000 compuestos diferentes. Y tiramos muchos smartphones a la basura.
Si bien la industria tecnológica se ha fomentado intensamente en los últimos tiempos, Argentina no cuenta con legislaciones específicas ni políticas para la disposición final de los residuos generados al final de la cadena de consumo. Hoy en día, salvo excepciones, no existe recolección selectiva, no hay programas estatales a gran escala para el reciclaje o el tratamiento de estos residuos ni se cuenta con una ley específica para su gestión. Una persona de Ushuaia, por ejemplo, ciudad donde se produce gran parte de los teléfonos celulares comercializados en Argentina, no tiene más remedio que arrojar en el cesto de los residuos comunes su equipo dañado, su batería vieja o los cables que ya no sirven más. Toda esa basura va a parar al atiborrado relleno sanitario de la ciudad, donde es depositado sin ningún tipo de tratamiento para evitar la posible (y peligrosa) contaminación que pudiera generar.
Sin embargo, pareciera que una luz (una muy tenue aún) se asoma al final del túnel. En algún lugar del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se está gestando el borrador de lo que podría ser la tan esperada ley de gestión de residuos tecnológicos. El nombre del proyecto es “Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los residuos mediante la responsabilidad extendida del productor” y, como su nombre lo indica, de aplicarse esta ley se pondría en los fabricantes o importadores la responsabilidad de dar tratamiento a los residuos generados por el consumo y desecho de sus productos. A nivel mundial no es una novedad. Son muchos los países que obligan por ley a las empresas a “hacerse cargo” y a esta altura del partido es momento de que en Argentina suceda lo mismo.
Si bien, en principio, se trata de una buena noticia, el camino a recorrer es largo. Los intereses que pueden verse afectados por este tipo de legislación serán obstáculos que deberán ser sorteados. Uno de los puntos destacados del proyecto se refiere a los costos de la gestión de estos residuos, los cuales no recaerán exclusivamente en los productores o importadores, sino que serán compartidos con el consumidor, el cual deberá poner su parte. De prosperar esta medida, no solo posibilitaría el tratamiento de los residuos sino que podría resultar en una disminución de la generación de residuos por parte de la comunidad. El tiempo dirá si tendremos en el corto plazo una herramienta legal para lidiar con la basura tecnológica, pero por el momento debemos plantearnos la necesidad de ser responsables en el consumo y comprender que cada cosa que tiramos a la basura impactará, tarde o temprano, en el ambiente, en la calidad de vida y en la salud de quienes habitamos este planeta.
Abel Sberna
