El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) identifica villas y asentamientos informales, para conocer las realidades de comunidades de todo el país y que más familias incorporen nuevos derechos y puedan mejorar la situación en la que viven.
RENABAP nace a partir de un trabajo en conjunto entre diferentes áreas del gobierno nacional y distintas entidades y organizaciones sociales como Cáritas Argentina, TECHO, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El objetivo es relevar todos los asentamientos de Argentina para trazar políticas públicas inclusivas que permitan mejorar la situación habitacional de las familias.
En la Provincia de Tierra del Fuego, este registro relevó 36 Barrios Populares.
En la ciudad de Río Grande, se registraron 14 de esos asentamientos, en los que viven 2.610 familias, una cantidad aproximada de 8.665 personas.
En tanto, en la ciudad de Ushuaia se registraron 22 barrios populares, en los que viven 1500 familias, una cantidad aproximada de 4995 personas. “Desde el Gobierno Nacional estamos trabajando en un proyecto histórico junto a organizaciones sociales para conocer y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en los barrios populares de todo el país”, expresó Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y responsable del Registro Nacional de Barrios Populares.
Otro aspecto importante de esta iniciativa es la creación del Certificado de Vivienda Familiar, que permite a las familias acreditar su domicilio y acceder a servicios básicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica y red de gas.
Las familias encuestadas podrán, gracias a este certificado, solicitar estos servicios y comprobar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas.
Las entregas de los certificados se realizan en operativos semanales e itinerantes en distintos puntos de todo el país. “El Certificado de Vivienda Familiar, además, permitirá a las familias que viven en situación de vulnerabilidad incorporar un derecho. Por primera vez, se les va a reconocer que viven ahí, que tienen un domicilio”, concluyó Lanús.
