Cada 5 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, una fecha que busca poner en agenda una de las amenazas más persistentes para los océanos. En el Atlántico Sur, el tema tiene una dimensión ambiental, económica y política: afecta a los ecosistemas marinos, a las comunidades costeras, al trabajo pesquero y al control efectivo sobre los recursos del Mar Argentino.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada —conocida como pesca INDNR— reúne actividades que se realizan por fuera de la ley, sin información suficiente o en zonas donde no existen reglas claras de control. A escala global, organismos internacionales advierten que estas prácticas debilitan la sustentabilidad de las pesquerías y ponen en riesgo la seguridad alimentaria.
En el Atlántico Sudoccidental, el problema se vuelve especialmente sensible por la presión de flotas extranjeras que operan en el borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en el área conocida como la milla 201. Allí, cada temporada se concentran cientos de buques que pescan en alta mar, muchas veces sobre especies compartidas con el Mar Argentino y con escasa transparencia sobre capturas, descartes y condiciones de trabajo a bordo.
La discusión no se limita a los barcos extranjeros. En 2024, el caso del buque Tai An volvió a exponer las debilidades del sistema de control dentro de la jurisdicción argentina. La embarcación, de bandera nacional, fue detectada con casi 139 toneladas de merluza negra capturada de manera ilegal en una zona de protección de juveniles. El decomiso fue presentado por el Gobierno nacional como un procedimiento histórico para la actividad pesquera.
Ese episodio mostró que el daño no se mide solo en toneladas. Cuando se pesca sin cuota, sin información clara o en zonas sensibles, se afecta la recuperación de especies de alto valor ecológico y comercial. También se golpea a quienes cumplen las reglas, pagan permisos, trabajan en puertos argentinos y dependen de un mar sano para sostener la actividad.
En los últimos meses, la pesca ilegal también empezó a ocupar un lugar más visible en la agenda internacional. Estados Unidos incluyó el tema dentro de sus prioridades de seguridad marítima y Argentina avanzó en acuerdos de cooperación para fortalecer la vigilancia en el Atlántico Sur. Al mismo tiempo, en septiembre de 2025 entró en vigor un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio que prohíbe subsidios destinados a la pesca ilegal y a prácticas que contribuyen a la sobreexplotación.
Para organizaciones ambientales, el desafío no pasa únicamente por perseguir infracciones puntuales. También hace falta mejorar la información pública, transparentar lo que ocurre en cada marea, fortalecer los controles y discutir qué modelo pesquero necesita el país. Como advirtió Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde, en una entrevista con El Rompehielos, “no se pueden tomar decisiones sin información”.
