Tras una sesión extensa y cargada de tensión política, la mayoría opositora rechazó el veto del Ejecutivo y ratificó la ley que deroga la necesidad de reformar la Constitución fueguina. El Gobernador anticipó que judicializará la decisión.
La Legislatura de Tierra del Fuego volvió a marcarle un límite político al Gobierno provincial. En una sesión que había sido convocada para las 15 del viernes, comenzó varias horas más tarde y se extendió hasta la madrugada del sábado, los bloques opositores insistieron con varias leyes vetadas por Gustavo Melella. La definición más fuerte fue el rechazo al veto sobre la derogación de la Ley 1529, que había declarado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial.
El resultado dejó al proceso constituyente en un terreno de alta incertidumbre. La mayoría legislativa sostuvo que la Cámara conserva atribuciones para dejar sin efecto la convocatoria, mientras que el Ejecutivo afirma que el proceso ya fue iniciado y no puede ser frenado por una ley posterior. Esa diferencia, que ya venía creciendo en los últimos días, ahora quedará probablemente en manos de la Justicia.
Gamera, en su pastilla diaria de este martes 26 de mayo, ubica el conflicto en dos planos simultáneos. Por un lado, la discusión jurídica, donde se cruzan distintas interpretaciones sobre el poder preconstituyente de la Legislatura y el alcance de una convocatoria electoral ya dictada por el Ejecutivo. Por otro lado, la discusión política, marcada por un cambio de clima dentro del propio sistema fueguino y por el argumento opositor de que la provincia no atraviesa condiciones sociales ni económicas para abrir una reforma constitucional de semejante magnitud.
En la previa de la sesión, el Gobierno había fijado por decreto el llamado a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto y envió el trámite al Juzgado Electoral. También hubo presentaciones de partidos aliados al oficialismo para apurar el cronograma. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal respondió que la definición del calendario correspondía a la jueza electoral Mariel Zanini. Así, el debate legislativo llegó sin una fecha operativa cerrada.
En el recinto, la oposición volvió a reunir una mayoría amplia. La Legislatura rechazó el veto del Ejecutivo e insistió con la ley que derogaba la necesidad de la reforma constitucional. Del lado del oficialismo, FORJA y Sumemos Tolhuin defendieron la continuidad del proceso impulsado por Melella. Del otro lado, legisladores del PJ, el MPF, Somos Fueguinos, La Libertad Avanza, Provincia Grande y el Partido Verde acompañaron la insistencia.
Los argumentos se movieron entre lo institucional y lo político. Legisladores opositores plantearon que la declaración de necesidad de reforma no puede quedar blindada frente a un cambio posterior de decisión parlamentaria. También remarcaron que, más allá de la discusión técnica, el escenario económico y social de Tierra del Fuego no aparece como el más adecuado para abrir un debate constituyente.
Victoria Vuoto retomó planteos que ya había formulado en 2023, cuando se opuso al llamado a la reforma. En aquel momento había cuestionado que el temario dejara afuera asuntos que consideraba centrales para la provincia. También Damián Löffler y otros legisladores pusieron el acento en la falta de condiciones políticas y económicas para avanzar con una discusión institucional de fondo.
Desde el oficialismo, en cambio, la lectura fue otra. La posición del Ejecutivo sostiene que la convocatoria ya abrió una etapa formal y que una mayoría legislativa posterior no puede clausurar el proceso. Esa fue la línea que retomó el propio Melella minutos después de la votación, cuando publicó en redes sociales que el proceso “fue iniciado” y que frenarlo ahora implicaría vulnerar derechos políticos. El Gobernador calificó la insistencia legislativa como inconstitucional y anticipó que presentará una demanda judicial.
La sesión también incluyó otras definiciones sensibles. La Legislatura insistió con la ley de transferencia automática de aportes y contribuciones a la Obra Social del Estado Fueguino y a cajas previsionales. En ese tramo, el legislador Federico Greve pidió sumar a otros organismos aportantes, como las municipalidades, pero la propuesta no consiguió acompañamiento.
Otro punto que tuvo impacto inmediato fue el rechazo al veto sobre la ley que suspendía los decretos y resoluciones que habían modificado el esquema provincial de subsidios al gas envasado. La decisión fue seguida de cerca por vecinos y vecinas usuarios de garrafas, que habían sostenido reclamos durante las últimas semanas. En las horas posteriores, la Mesa Interbarrial comunicó cómo continuará su organización, ya sin el acampe frente a Casa de Gobierno.
La ley de goteo diario para los municipios, en cambio, no tuvo una resolución definitiva. El asunto volvió a comisión luego de que se informara que el Gobierno provincial convocó a las intendencias a una reunión para esta semana, con el objetivo de discutir la deuda de coparticipación y buscar una salida negociada. Ese expediente sigue siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto entre el Ejecutivo y los municipios.
La presencia de funcionarios provinciales en la sesión también reflejó la importancia política de la jornada. Entre otros, estuvieron el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto; la secretaria de Coordinación Legal y Técnica, Mariangeles Arroyo; y la ministra de Energía, Gabriela Castillo. También se acercaron funcionarios municipales, concejales y trabajadores que seguían el debate por la ley de goteo.
Con la votación del viernes, la reforma constitucional quedó otra vez en el centro de la pelea institucional fueguina. La Legislatura logró reunir los votos para sostener su decisión política, pero el Gobierno ya avisó que no dará por cerrado el proceso. La próxima escala será judicial y podría definir si la convocatoria a convencionales queda definitivamente frenada o si el Ejecutivo consigue reactivar el camino hacia las urnas.
La próxima sesión ordinaria fue fijada para el miércoles 24 de junio. Para entonces, la discusión por la reforma puede tener un nuevo expediente abierto en tribunales y la ley de goteo municipal podría volver al recinto, según avance o no la negociación entre el Gobierno provincial y las intendencias.
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Foto de portada: Prensa Legislativa
