El Ejecutivo rechazó la norma que intentaba frenar la reforma constitucional y también la Ley de Goteo Diario, que establecía transferencias automáticas a los municipios. La decisión reabre el conflicto con la Legislatura y suma presión sobre un proceso constituyente otra vez atravesado por la incertidumbre. Desde el ámbito judicial, advirtieron: “Estamos en un estado de anomia. No se están respetando las normas”.
El conflicto político e institucional de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. El Poder Ejecutivo provincial vetó dos leyes sancionadas por la Legislatura en la última sesión ordinaria: una buscaba dejar sin efecto la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial y la otra establecía un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios.
La decisión vuelve a colocar al Gobierno, la Legislatura, los municipios y la Justicia en el centro de una crisis que ya había quedado expuesta con la discusión por la reforma constitucional y la llamada Ley de Goteo. En ambos casos, el Ejecutivo sostuvo que las normas aprobadas por el Parlamento provincial afectan el funcionamiento institucional del Estado y avanzan sobre decisiones o competencias que, según su interpretación, no pueden ser revertidas de ese modo.
En el caso de la reforma constitucional, el veto plantea que el proceso ya se encuentra en marcha. Según los fundamentos oficiales, la declaración de necesidad de reforma fue aprobada oportunamente por la Legislatura con la mayoría agravada que exige la Constitución Provincial y derivó luego en el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
Para el Ejecutivo, no se trató de una ley ordinaria, sino de la activación de un mecanismo excepcional previsto por la propia Carta Magna provincial. Desde esa mirada, la Legislatura no puede ahora interrumpir el proceso sin afectar derechos políticos de la ciudadanía.
El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, fue contundente al defender el veto. “Lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, sostuvo. Y agregó que “la convocatoria a reforma no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.
Canals también remarcó que “no se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido” y aseguró que “todo el proceso se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.
El intento legislativo de frenar la reforma ocurre después de meses de tensión política, cuestionamientos judiciales, sospechas sobre los objetivos reales del proceso y una creciente distancia entre la agenda institucional y las urgencias cotidianas de la ciudadanía fueguina.
En paralelo, el Ejecutivo también vetó la Ley de Goteo Diario, que establecía un mecanismo de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La norma había sido leída por el Gobierno como una medida de fuerte impacto financiero y por los municipios como una herramienta para garantizar recursos que consideran propios.
El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, defendió el veto: “Esta ley es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”, afirmó.
Según Barrozo, “no solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que enviar a los municipios”, explicó.
El funcionario buscó además despegar la decisión de una pelea directa con las intendencias. “Este veto no es en contra de los municipios ni mucho menos. Hay cuestiones institucionales y financieras que impiden un mecanismo de este tipo como lo ha demostrado la historia en esta provincia”, señaló.
El Gobierno advierte que un sistema de ese tipo podría generar transferencias indebidas, afectar recursos con asignaciones específicas y limitar la capacidad de la Provincia para administrar fondos destinados a áreas sensibles como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos.
A ese cuadro se sumó la mirada del defensor público oficial federal de Tierra del Fuego, José Bongiovanni, quien cuestionó con dureza la suspensión del proceso electoral constituyente. “Estoy completamente indignado por el hecho de que se haya frenado un proceso electoral, este o cualquier otro”, sostuvo.
Para Bongiovanni, impedir que la ciudadanía vote representa un problema democrático profundo. “Presumir que la comunidad no tiene que votar porque es incompetente, o por cuestiones de plazos, es una aberración. El valor del voto está por encima de todo, sobre todo cuando se trata del poder constituyente”, afirmó.
El defensor federal también describió el momento institucional con una palabra fuerte. “Estamos en un estado de anomia. No se están respetando las normas”, dijo. Luego enumeró decisiones cruzadas entre poderes y organismos: “El Superior Tribunal suspendió un proceso electoral sin plazo; la Legislatura intentó revertirlo; la jueza electoral tomó decisiones sin que nadie se lo pidiera. La gente percibe esa anomia”.
