La publicación del Decreto 252/2026, que amplió el Régimen de Aduana en Factoría y entrará en vigencia 60 días después de su publicación oficial del 17 de abril, reactivó la preocupación en Tierra del Fuego por su posible impacto sobre el esquema de la industria fueguina. En ese marco, la Secretaría de Industria inició una ronda de análisis con cámaras y actores del sector para medir su alcance real.
“Es importante explicar con precisión qué implica el régimen de RAF”, sostuvo Alejandra Man.
La secretaria de Industria de Tierra del Fuego, Alejandra Man, pidió cautela frente a las interpretaciones que comenzaron a circular tras la oficialización del nuevo decreto nacional vinculado al Régimen de Aduana en Factoría (RAF). La funcionaria remarcó que, antes de sacar conclusiones, la Provincia busca determinar con precisión cuál puede ser el efecto concreto de la medida sobre el entramado productivo fueguino.
En ese sentido, advirtió que en los últimos días aparecieron lecturas alarmistas sobre el tema, en un contexto especialmente sensible para la industria local. La preocupación creció porque el decreto volvió a poner en discusión el alcance de los beneficios comparativos entre Tierra del Fuego y el resto del país, y abrió interrogantes sobre una posible alteración de condiciones para las fábricas radicadas en la isla.
Man sostuvo que desde la Secretaría de Industria ya están trabajando con distintos actores del sector para evaluar el alcance de la medida. Según explicó, mantienen conversaciones con las cámaras industriales de la provincia, con AFARTE, CAFIN y la UIF, para medir de qué manera podría impactar el decreto en Tierra del Fuego.
La funcionaria aclaró que, en principio, la medida no elimina ni reemplaza los beneficios vigentes del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640. De todos modos, indicó que el Ministerio continúa con un análisis técnico para detectar si pueden surgir consecuencias negativas directas o distorsiones en la operatoria fueguina.
También explicó que el Régimen de Aduana en Factoría no es nuevo. Señaló que ya existía, principalmente vinculado al sector automotriz, y que el Decreto 252/2026 modificó artículos del esquema anterior para ampliar su alcance a establecimientos industriales radicados en el país y a sus proveedores. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de abril y establece que entrará en vigencia a los 60 días.
Según detalló Man, el RAF está orientado a empresas que importan insumos y materias primas para industrializarlos y luego exportar esa producción a terceros países. Por eso insistió en que no se trata del mismo esquema que rige en Tierra del Fuego, cuya lógica está asociada al mercado interno y al régimen diferencial previsto por la Ley 19.640.
En esa línea, explicó que el beneficio del RAF es estrictamente financiero: permite diferir el pago de tributos al momento de importar, pero no elimina esos impuestos si la mercadería o el producto resultante termina comercializándose en el continente o se destina al consumo interno. Por eso, subrayó que no puede equipararse con las exenciones y reintegros que contempla el subrégimen fueguino.
“Es importante explicar con precisión qué implica el régimen de RAF, porque muchas veces se lo compara de manera equivocada con el subrégimen industrial de Tierra del Fuego”, sostuvo la secretaria. Y agregó que “no se trata de un esquema equivalente ni comparable, y mucho menos de un beneficio de la magnitud que representa para nuestra industria el reintegro de IVA previsto por la Ley 19.640”.
Por último, Man reconoció que el contexto general hace que cualquier novedad vinculada al régimen industrial sea recibida como una amenaza potencial. Por eso insistió en la necesidad de comunicar con claridad y evitar profundizar la preocupación sin información técnica suficiente sobre cómo podría decantar la medida en la operación concreta de la provincia.
En paralelo, el debate político empezó a escalar. Este jueves 23 de abril, Diario El Sureño publicó que el diputado nacional Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto para derogar el Decreto 252/2026. Según esa publicación, la iniciativa también pide que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ley con un régimen de alivio fiscal de carácter general, equitativo y federal, que contemple las particularidades productivas y regionales del país.
