En Tierra del Fuego ya interviene el Ministerio Público Fiscal por varios casos de mensajes intimidantes en edificios escolares y redes sociales. Tal como informa Gamera, en la pastilla presentada por Luz Scarpati, el fenómeno se replica en otras provincias y abrió una discusión que excede lo penal: qué les está pasando a los adolescentes y cómo están respondiendo los adultos.
Las amenazas en escuelas dejaron de ser episodios aislados y empezaron a configurar una preocupación concreta en Tierra del Fuego y en otras provincias del país. En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal intervino en varias denuncias vinculadas a mensajes intimidantes dentro de instituciones educativas, mientras avanzan investigaciones para determinar de dónde salen esos mensajes y quiénes están detrás.
En Ushuaia ya se registraron al menos tres casos relacionados con inscripciones anónimas en edificios escolares, a los que se suma una amenaza que circuló por redes sociales. En Río Grande, el número es mayor: según se informó, ya hubo 24 denuncias en lo que va de abril.
A partir de estos hechos, escuelas, Justicia y Ministerio de Educación comenzaron a coordinar medidas para resguardar a estudiantes, docentes y personal. La advertencia oficial es que no se trata de bromas ni de hechos menores: estas acciones pueden encuadrarse en figuras penales como amenazas, intimidación pública o daños, con las consecuencias judiciales que eso implica.
“Es importante que las familias y los chicos sepan que no es un chiste, acciones de este tipo terminan en un juzgado”, señaló la directora Provincial de Nivel Secundario del Ministerio de Educación, Marisa Arredondeo.
La situación no aparece de la nada. Tal como plantea Gamera, este tipo de episodios empezó a ganar visibilidad después de la tragedia ocurrida en Santa Fe, donde la investigación por el ataque en una escuela de San Cristóbal incorporó una dimensión internacional al analizar posibles vínculos del atacante con la subcultura digital conocida como “True Crime Community”.
En otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, algunas investigaciones apuntan a que muchas de estas amenazas podrían responder a desafíos virales en redes sociales. El patrón que se repite es similar: mensajes escritos en baños escolares, fechas específicas y frases reiteradas, como si se tratara de una cadena que se va copiando entre adolescentes de distintos lugares.
Ese escenario también obliga a mirar más allá de la sanción. Para la psicopedagoga Mariana Zyzman, no alcanza con leer estos episodios como simples travesuras. Su planteo es que, en muchos casos, aparecen chicos que buscan pertenecer, ser vistos o sentirse parte de algo, aun cuando ese espacio de pertenencia esté atravesado por dinámicas dañinas.
Desde esa perspectiva, lo que aparece en una pared o en una cuenta anónima no sería solo una amenaza, sino también un mensaje que no está encontrando otra forma de ser expresado. Y ahí se abre una discusión más incómoda: cuál es la responsabilidad de los adultos frente a estas conductas, y cuánto se le exige a la escuela para resolver problemas que también involucran a las familias, a las plataformas y al entorno social.
Mientras las causas siguen abiertas en Tierra del Fuego, queda planteada una pregunta que va más allá de la investigación judicial: qué necesita ese adolescente que eligió generar miedo para sentirse parte de algo. Porque si esa pregunta no encuentra respuesta, el fenómeno difícilmente desaparezca. Y en paralelo, sigue faltando información de base sobre salud mental adolescente, uso de celulares y consumos problemáticos, datos clave para entender un problema que ya salió de las redes y entró de lleno en las escuelas.
