Una iniciativa legislativa propone que los registros de embarcaciones, permisos, cuotas y sanciones pesqueras sean públicos, actualizados y accesibles por internet.
“Se trata de información sobre embarcaciones que explotan un recurso natural que es de todos y que, por lo tanto, debe ser pública”, sostuvo Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde.
Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados con el objetivo de modificar la Ley Federal de Pesca y obligar a la autoridad de aplicación a publicar, en formatos abiertos, la información que actualmente reúne el Registro de la Pesca.
La iniciativa, impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro, apunta a que estén disponibles en línea los datos técnicos y administrativos de las embarcaciones, sus titulares, los permisos otorgados, las cuotas de captura, las transferencias comerciales y las sanciones vigentes de cada buque.
La presentación del proyecto recibió el respaldo de la fundación Sin Azul No Hay Verde y del Círculo de Políticas Ambientales, organizaciones que vienen reclamando mayor acceso a la información sobre la administración pesquera en el país.
El coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, advirtió que la apertura de estos registros es fundamental para resguardar el ecosistema marino y fortalecer los mecanismos de control sobre una actividad que explota recursos naturales compartidos.
Coustet remarcó que disponer de datos abiertos permitiría verificar rápidamente si un buque opera con la autorización correspondiente, qué tipo de red utiliza o si debería haber perdido su licencia por sanciones acumuladas. También señaló que el libre acceso a la información favorece el control entre pares y consolida una rendición de cuentas más clara dentro de la actividad extractiva.
El impulso legislativo surge luego de que estas organizaciones solicitaran formalmente la apertura de los registros ante el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Pesca, sin obtener una respuesta favorable de las autoridades competentes.
La directora del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, sostuvo que Argentina posee información valiosa sobre su flota pesquera que hoy no está disponible para la ciudadanía. Según planteó, el proyecto “convierte datos que ya existen en una herramienta real de transparencia, control y contribuye a la lucha contra la pesca ilegal”.
Para Bilbao, transparentar esa información permitiría saber con mayor precisión quién pesca y bajo qué autorizaciones opera en aguas nacionales.
Desde las entidades ambientales sostienen que la publicidad de los datos también permitiría mejorar la trazabilidad comercial, una exigencia cada vez más estricta en los principales mercados internacionales.
El texto del proyecto establece que la información deberá actualizarse mensualmente y mantenerse disponible de forma permanente, con trazabilidad histórica. De aprobarse la modificación, Argentina se alinearía con la mayoría de los países latinoamericanos que poseen flotas industriales, como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala, que ya cuentan con sistemas públicos de consulta ciudadana.
