Con las obras paralizadas desde cinco meses y el 70% de los trabajadores en sus casas cobrando el 60% de los sueldos, las represas de Santa Cruz afrontan una situación límite. Si el Gobierno decide suspenderlas, tendrá que hacer frente a la devolución anticipada y al pago de las penalidades del crédito chino que recibió el país.

Con las obras paralizadas desde cinco meses y el 70% de los trabajadores en sus casas cobrando el 60% de los sueldos, las represas de Santa Cruz afrontan una situación límite que ha puesto a la administración mileísta ante un dilema de hierro: suspenderlas hasta nuevo aviso o sentarse a negociar con el Gobierno de Xi Jinping y los bancos chinos la actualización de los contratos y un nuevo cronograma de desembolsos que permita retomar los trabajos.

Si decide utilizar la “motosierra” para incluir a las usinas patagónicas “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic” en la lista de las obras públicas que serán desactivadas, el Gobierno de Javier Milei tendrá que hacer frente a la devolución anticipada y al pago de las penalidades del crédito chino que recibió el país para la construcción del complejo hidroeléctrico. De la financiación total acordada por US$ 4.700 millones; los bancos ICBC, China Development Bank Corporation (CDBC) y Bank of China Limited (BOC) giraron desde 2015 hasta ahora unos u$s1.850 millones para las obras de ingeniería y la fabricación de turbinas.En cambio, si Milei opta por regularizar la situación y acordar con el Gobierno y las entidades bancarias de China, los fondos en juego volverían a estar disponibles para reactivar las obras, por al menos un año, con la llegada de una asistencia de u$s500 millones y sin que la Casa Rosada tenga que aportar suma alguna durante ese tiempo.

De ese total, u$s200 millones se destinarían a poner nuevamente en marcha las obras y los restantes u$s300 millones irían a parar a la caja de Gezhuoba para devolverle los fondos propios que puso durante la pandemia para el pago de sueldos, las redeterminaciones de precios por inflación y los mayores gastos derivados de las obras adicionales para superar la falla geológica de la represa Néstor Kirchner/Cóndor Cliff.

Las dificultades a sortear por el Gobierno

El principal escollo para esta salida es el marcado alineamiento político y diplomático con EE.UU. que ha adoptado la administración libertaria en medio de fuertes cuestionamientos a China que tensaron las relaciones entre ambos países, tras la afirmación de Milei de que no iba mantener negociaciones comerciales con “gobiernos comunistas”.

Si Milei quiere mantener en pie las represas deberá dejar de lado su promesa electoral de no negociar con el Estado chino y ordenarles a sus funcionarios de Cancillería y Energía que inicien los contactos para encarrilar los trámites y asuntos pendientes.

En la primera semana de enero, Zhang Jun (el CEO de Gezhuoba que controla el grupo constructor de las usinas asociado con la local Electroingeniería) se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal y el nuevo presidente de Enarsa, Juan Carlos Doncel Jones para transmitirles la preocupación de China por la paralización de las obras y que a partir de marzo se cortan los fondos para el pago de sueldos.

Por qué las represas del río Santa Cruz le plantean al Gobierno de Javier Milei un dilema

De las 3.000 personas contratadas que tiene la UTE encabezada por Gezhouoba, 2.100 permanecen en sus domicilios y cobran solo el 60% de sus salarios. Los 900 trabajadores restantes desempeñan tareas de mantenimiento y control de los obradores con sueldos de convenio sin extras, ni adicionales que vienen pagando a medias entre el consorcio y Enarsa.

Contratos en juego

Para reactivar las obras, el Gobierno debería poner al día dos contratos que dejaron pendientes las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, según indicaron fuentes privadas y oficiales.

En primer lugar, se encuentra el “Contrato Principal de Financiamiento” que firmaron el ministerio de Economía y los tres bancos chinos que financian el complejo hidroeléctrico. Tras la reformulación integral del proyecto llevada adelante por la administración macrista –que incluyó la reducción de la potencia instalada, un mayor plazo para las obras y la incorporación de una línea de alta tensión–, el “Contrato de Financiamiento” quedó sin actualizar y virtualmente caído a la espera de que las partes convaliden las nuevas condiciones.

El segundo contrato que falta regularizar es el de “Construcción” que suscribieron inicialmente el ex ministerio de Planificación de Julio De Vido y la UTE de Gezhouba-Electroingeniería. En este caso, lo que falta aprobar es la “Addenda 12” del año 2021, que contiene el rediseño y las obras realizadas para corregir la falla geológica detectada en 2019 en la represa Néstor Kirchner y los gastos improductivos acumulados en los últimos años.

Más allá de los contratos y los montos en juego, las usinas que tendrían que haber estado terminadas y en servicio hace tres años muestran un desparejo grado de avance. La represa Jorge Cepernic/La Barrancosa tiene un 42% de las obras civiles realizadas con dos de sus tres turbinas en el país para ser instaladas. En cambio, la Néstor Kirchner/Cóndor Cliff solo está construida en un 18% y aún no tiene ninguna de sus cinco turbinas fabricadas.

Fuente: IProfesional 

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