Diputados nacionales solicitaron extender la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir posibles cambios en la Ley de Glaciares. Advierten que el formato previsto permitiría la participación de apenas unos pocos oradores.
La audiencia está prevista para el 25 y 26 de marzo y se realizará en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Sin embargo, legisladores advirtieron que con dos jornadas de nueve horas y exposiciones de cinco minutos por orador apenas podrían intervenir unos 216 participantes, una cantidad muy inferior al total de ciudadanos registrados.
El pedido para ampliar el proceso fue presentado por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
En el documento enviado a las autoridades de las comisiones legislativas, los diputados sostuvieron que el esquema actual “impide materialmente a la gran mayoría de los inscriptos intervenir en la instancia convocada”, lo que no garantizaría una participación pública efectiva en un debate ambiental de alto impacto.
El planteo de los legisladores remarca que las decisiones vinculadas al ambiente deben garantizar mecanismos amplios de participación ciudadana. Para fundamentarlo, citaron el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, que reconoce el derecho a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que establece desde 2002 el principio de participación pública en decisiones ambientales.
También mencionaron el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566, que obliga a los Estados a garantizar instancias abiertas, inclusivas y efectivas de participación en procesos ambientales.
Un antecedente de la Corte Suprema
En el pedido también se recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, particularmente el fallo CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería.
En esa sentencia, el máximo tribunal estableció que las audiencias públicas deben constituir instancias sustantivas de debate social y no simples formalidades administrativas, especialmente cuando se discuten decisiones que pueden afectar derechos colectivos.
Los legisladores también remarcaron que la cantidad de inscriptos refleja el interés que genera el debate en distintos sectores: científicos, organizaciones ambientales, comunidades locales, productores y especialistas en temas hídricos.
La discusión se produce en torno a posibles cambios en la Ley de Glaciares, una norma que regula actividades en áreas glaciares y periglaciares con el objetivo de proteger reservas estratégicas de agua dulce y los sistemas hidrológicos asociados.
En ese contexto, los diputados advirtieron que un proceso participativo limitado podría derivar en cuestionamientos judiciales si se considera que no se respetaron los estándares de participación pública establecidos por la legislación ambiental y los tratados internacionales firmados por Argentina.
