Abrimos la semana con “buenas noticias” que nos traen reminiscencias del 2000 cuando Fernando De La Rúa anunciaba el “blindaje financiero”, una operación crediticia mediante la que Argentina obtuvo un paquete de 40.000 millones de dólares de organismos internacionales, entre los que se encontraba el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Poco se sabe sobre los detalles de las negociaciones que está llevando adelante el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y su equipo con las autoridades del FMI que comanda Christine Lagarde, salvo por el tirón de orejas que recibió el funcionario argentino por no contar con mujeres en su cuadrilla: “Estás corto de mujeres”, disparó sorprendida Lagarde durante el primer encuentro público.
Se especula con que la línea crediticia que solicitará el Estado argentino al organismo será la denominada “stand-by”, el típico modelo crediticio con el que el fondo interviene para asistir financieramente a países que atraviesan crisis económicas agudas, a la vez que empuja las reformas estructurales. Es la línea más dura del FMI, consideró Pedro Biscay, economista y ex-director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en diálogo con FM Centro.
Biscay también comentó que la Argentina intentó acceder a un modelo crediticio más flexible en cuanto al cumplimiento de los equilibrios económicos, sin embargo, el país no cumple con los requisitos debido “a los problemas de grave déficit que tiene el país de cuenta corriente y esto desembocó en la negociación sobre los crédito stand-by”.
La metodología del esquema stand-by consiste en el desembolso de asistencias financieras condicionadas al cumplimiento de ciertas metas de reforma macroeconómicas. Para el economista, en general, tienen que ver con llegar a determinado “target de déficit fiscal, o determinada política respecto de la cuestión salarial, reforma laboral, privatización de ciertos sectores de la actividad económica, ciertos sectores estratégicos”. Es decir, condiciones basadas en las ya conocidas recetas que el FMI emplea para “encausar” estos países. En este punto, el ex-funcionario del BCRA recordó como caso emblema a Grecia, explicando que “las asistencias del Fondo no pudieron resolver los problemas que tenía, sino que, por el contrario, los fueron agravando paulatinamente”.
Biscay fue tajante al expresar que esas recetas abren “un camino orientado a tomar medidas muy duras desde el punto de sacrificios de los derechos fundamentales de la población”. Y agregó que “la firma del paquete podría estar acompañada de un política del Fondo orientada a estimular una depreciación del tipo de cambio mayor, para -entre otras cosas- licuar el déficit comercial de la Argentina”.
De todas maneras, los posibles escenarios son inciertos debido a la escasa información sobre el tema que difundió el Gobierno Nacional, lo que es sumamente grave ya que es el Congreso quien tiene la atribución constitucional para intervenir en los asuntos vinculados con temas sobre deuda externa, establecido en el artículo 75, inciso 7mo. De todas formas, Biscay aclaró que en caso que el Poder Ejecutivo cierre un acuerdo con el FMI, éste no requeriría de una ratificación legislativa, debido a la Ley de Administración Financiera del Estado, sancionada en los ’90, que cuenta con un capítulo específico que establece que “si la deuda se toma con organismos internacionales de los cuales el país forma parte, no es necesario pasar por el Congreso”.
A esta altura cabe preguntarnos cuál es la razón por la cual no hay necesidad de pasar por el Congreso, teniendo en cuenta que un crédito de estas características impacta en derechos fundamentales y bienes comunes. Por lo menos para Pedro Biscay, esta norma debería ser objeto de revisión por parte de los otros dos poderes del Estado.
Luz Scarpati
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