La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto suspendió las indagatorias de 18 militares acusados de actos de tortura durante la guerra de 1982. El 2 de mayo el juez subrogante de Ushuaia, Federico Calvete, había dispuesto que los ex integrantes de las Fuerzas Armadas debían declarar entre el 27 de junio y el 4 de julio. El argumento de la magistrada para suspender el llamado obedece a la falta de personal con la que cuenta su dependencia.
Vale la pena recordar que la causa investiga torturas realizadas por parte de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a soldados durante la Guerra de Malvinas y surgió a partir de 25 testimonios, en los que afirman haber sido víctimas de diferentes maltratos físicos como estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos. En la actualidad, hay 95 imputados y 120 denuncias.
Desde la “Comisión Provincial de la Memoria” de Buenos Aires y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, ambas organizaciones querellantes en la causa, salieron a repudiar la decisión de la magistrada, argumentando que la suspensión de la indagatorias “colaboran a la impunidad” y manifestando que las razones que esboza Borruto son endebles, ya que se trata de una causa por delitos de lesa humanidad que lleva más de 10 años esperando justicia.
A 37 años de la guerra, los 18 acusados que habían sido citados a declarar eran en su mayoría subalternos del Regimiento de Infantería Mecanizada 5 (RIMec5) de Paso de los Libres, Corrientes. Parte de las pruebas que forman parte de la causa 1777/07 se desprenden de legajos del Fondo Documental Malvinas, una reserva documental de las Fuerzas Armadas que fue desclasificado en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, presidenta por aquel entonces. Esos documentos confirmaron los trabajos de acción psicológica y física realizados tras la guerra en los “Centros de Asistencia y Rehabilitación”, cuyo objetivo era mantener en silencio a los soldados.
En mayo de 2018, el fiscal Marcelo Rapaport y la Procuraduría de Lesa Humanidad imputaron por primera vez a 26 ex militares por haber “ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura”. En diciembre de ese mismo año el juez subrogante Federico Calvete, anunció el llamado a indagatoria, y un mes atrás fijó la fecha.
Sin embargo, 20 días después Mariel Borruto asumió como jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, y una de las primeras disposiciones fue suspender las indagatorias debido a falta de personal. La magistrada consideró que “no puede desconocerse que los hechos que nos ocupan son de una trascendencia y complejidad que requieren de una especial atención” y habló de la necesidad de crear una secretaría específica para que aborde el tema.
Luz Scarpati
