La legisladora por el Movimiento Popular Fueguino, Cristina Boyadjian, presentó un iniciativa el año pasado que crea el “Programa Provincial de Protección Integral del Niño por Nacer y la Mujer Gestante”. La propuesta obtura el camino hacia la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y obstruye derechos ya consagrados de las mujeres como el acceso al aborto por causales, legal en Argentina desde 1921.
El Artículo 6 de la iniciativa establece que “toda interferencia o acción externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpir su curso” será estipulada como violencia contra la mujer. Sobre esto la organización feminista La Hoguera afirmó que contradice la normativa vigente (Ley Nacional 26.485):
“Las conductas que vulneran los procesos reproductivos de las mujeres ya sea por acción u omisión proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de atención de la salud y que impidan el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desean o no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre nacimientos configura violencia contra la libertad reproductiva”.
Por otro lado, la propuesta de Boyadjian busca crear un cupo de casas, en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda, destinadas a las mujeres que decidan continuar con un embarazo fruto de una violación. Para Victoria Vuoto, legisladora electa, esto implica la puesta en marcha de “mecanismos que fuerzan a la mujer que cursa un embarazo producto de una violación a llevar a término su embarazo. Puede ser caracterizado como un trato inhumano, cruel y degradante, y no lo dice Victoria Vuoto lo dice el Comité para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres. Dice que evite cualquier acción que apunte a forzar el embarazo en las mujeres”.
La Hoguera distribuyó un comunicado que ya cuenta con más de 25 adhesiones de diferentes organismos de Derechos Humanos, en el que adelantaron que en caso de que el proyecto prospere realizarán una denuncia ante el Comité Contra la Tortura, que fiscaliza el cumplimiento de los tratados internacionales contra la tortura.
En ese mismo sentido, se expresó la funcionaria municipal en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia: “Las acciones que se hagan en el marco de esa ley pueden traer responsabilidad internacional” y enfatizó en que “el proyecto normaliza las violaciones. No nos preocupamos por lo central que es que a las mujeres las violan. La interrupción del embarazo en casos de violación es legal, entonces esta ley choca de plano con todo”.
La Hoguera advirtió en su comunicado que la iniciativa que será discutida en el ámbito de la Comisión de Salud de la Cámara Legislativa provincial, el próximo 2 de octubre obliga a maternar y en consecuencia, es tortura.
Luz Scarpati
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