El centro de estudios Fundar propuso reconvertir la ley que plantea una política fiscal para el desarrollo poblacional y económico de Tierra del Fuego por una que contenga como objetivo principal estímulos al valor agregado y a la innovación local, lo que le permitiría al Estado ahorrar 6.000 millones de dólares en diez años.
La Ley 19.640 -subrégimen industrial- cumplió 50 años el año pasado y está compuesta por un conjunto de normas que tenían como objetivo estratégico y geopolítico fomentar la actividad económica en la zona austral.
Fundar, una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas que es presidida por Sebastián Ceria, elaboró una serie de propuesta a través de tres informes con el objetivo de repensar la ley actual -sancionada en 1972- por la cual el Estado tiene un costo fiscal anual de 1.070 millones de dólares, equivalente a 0,22% del PBI.
Los fundamentos de la iniciativa parten de la idea de que la actual ley “no logró fomentar una actividad industrial sustentable” y tampoco construyó “autonomía para la provincia”, debido a que “sigue dependiendo de las decisiones que se toman en Buenos Aires”.
A su vez, el informe indicó que la normativa “no premia la agregación de valor ni las exportaciones”, lo que genera una baja productividad local a los productos y que la mayor parte de las ventas están orientadas hacia el mercado doméstico.
Desde este último sector, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) señalaron -en referencia al planteo del documento de Fundar de revisar el subrégimen para llevar adelante un cambio en la estructura productiva de la provincia- que “eso ya existe”.
“Es precisamente lo que quedó plasmado en la última prórroga del subrégimen industrial que se realizó en 2021 (a través de los decretos 725 y 727) y que dispuso la creación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina)“, dijeron fuentes de la entidad empresaria.
El estudio se titula “Hacia una transformación productiva en Tierra del Fuego” y fue elaborado por Juan Carlos Hallak, Tomás Bril Mascarenhas, Lucía Pezzarini, Belén Bentivegna, Leonardo Park, Francisco Gatto, Carlos Aggio, Santiago Cunial y Angeles Sanci.
El informe sostiene que la ley vigente tiene como incentivo el costo cero del IVA para insumos importados y un crédito fiscal por IVA por las ventas al continente, lo que genera como consecuencia un desincentivo a la agregación de valor y las exportaciones de los productos.
Argumentan que la ley vigente “premia la facturación” y genera un “beneficio diferencial en Tierra del Fuego solo en ventas en el mercado interno” lo que ocasiona un alto costo fiscal al Estado.
Las propuestas para la reconversión son definidas “una oportunidad” y comprenden la diversificación de la actividad hacia sectores “dinámicos” como el turismo, la economía del conocimiento, energía y petroquímica, polo logístico antártico, académico y científico, entre otros.
Fundar planteó que hay que pasar a “premiar el valor agregado nacional en vez de la facturación de las empresas” y a la vez “bajar la renuncia fiscal e incentivar el valor agregado y la innovación” estas medidas en un tiempo gradual de 11 años para la “adaptación de las normas” y para poder consolidar actividades sustentables.
Así, la reformulación generará impacto directo en el ahorro fiscal, lo se puede utilizar para financiar “el desarrollo de sectores sustentables y un programa robusto de protección social y reconversión laboral que acompañe la transición” que tendría “impacto cero o incluso positivo” en el empleo, explicó el centro de estudios.
Con la aprobación de la ley vigente la actividad fueguina logró sus objetivos esenciales, la población se multiplicó por 14 totalizando 190.000 habitantes en 2022, el empleo industrial se triplicó entre 1996 y 2021 y uno de cada tres asalariados privados son industriales.
La industria electrónica de celulares, televisores y aires acondicionados concentra la mayor parte de la industria de la región siendo un 77% de la facturación y entre un 70-75% de empleo del sector en Tierra del Fuego.
“Se trata de un fondo al que las empresas ya están aportando un porcentaje de su facturación y que es administrado por el Estado. El fondo tiene dos finalidades: financiar la mejora de la competitividad de la industria actual (a través de infraestructura, logística, conectividad, etc) y, por otro lado, financiar el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos destinados a ampliar la matriz de Tierra del Fuego a sectores como la economía del conocimiento, el turismo, la energía y otras”, completaron desde Afarte.
La entidad empresaria afirmó que “lo que propone Fundar ya está en funcionamiento”.
Dijeron además, que el informe “hace una estimación del costo fiscal que es contrafáctica. No se trata de un desembolso del Estado, sino de un ingreso no percibido”, a lo que suma, finalmente, “una reducción del supuesto costo fiscal a costa del bolsillo del consumidor, porque admite que con la importación de los productos, los precios aumentarían”.
