Cosas raras suceden últimamente en la escena política.
Desde el Gobierno de Mauricio Macri se ofrecieron ayer a tender puentes entre el bloque de senadores del PJ y la CGT, virtual brazo sindical del movimiento fundado por Juan Perón.
El propósito de los funcionarios de Interior y de Trabajo es unir a esas astillas del mismo palo para destrabar la reforma laboral, que corre el peligro de quedar definitivamente empantanada en el Congreso.
Aunque inscripto en el “reformismo permanente” que predica el Presidente, el proyecto fue enviado al Senado por fuera del paquete económico que según el acuerdo con las provincias debería aprobarse “sí o sí” antes del 31 de diciembre.
Será por eso que el jefe de la bancada del FpV-PJ, Miguel Pichetto, se tomó la licencia de anunciar el miércoles a medianoche, en plena defensa de otra reforma caliente, la previsional, que “no vamos a votar” la ley laboral.
Enseguida matizó la afirmación, al indicar que “no sé si me van a convencer, porque no vale ninguna ley el desprestigio injusto de esta institución”. Y así blanqueó que su enojo no es con el texto, sino con la incapacidad de la cúpula cegetista de contener a Pablo Moyano, quien levantó sospechas de sobornos, al comparar el debate de la reforma de Macri con “la ley Banelco” que disparó el escándalo de la reforma laboral que en su momento impulsó la Alianza.
Pichetto no sabe aún qué dimensión tendrá el nuevo bloque que conducirá cuando se desprenda de los K, a partir de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre.
Pero nadie duda de que seguirá manejando los votos decisivos (entre 24 y 28) para garantizarle al oficialismo avanzar con sus proyectos, dado que Cambiemos trepará de 15 a 25 integrantes, pero aún le faltarán 12 votos para imponer una ley.
