El lunes 28 de agosto el Gobierno Nacional publicó en el boletín oficial un anuncio donde informa la nueva puesta en marcha del proyecto de construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz luego de considerar cumplidos los requisitos de la Corte Suprema de Justicia que exigía un Informe de Impacto Ambiental y una Audiencia Pública
En el medio de un contexto de fuerte rechazo por parte de los movimientos ambientalistas del país, el Poder Ejecutivo Nacional ha dado el visto bueno para la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el Rio Santa Cruz. El proyecto consiste en la instalación de dos plantas de generación de energía hidráulica sobre el cauce del mencionado río.
Diversas organizaciones ambientalistas vienen luchando en contra de este proyecto desde hace tiempo, con campañas y movilizaciones que instan al Gobierno a dar marcha atrás con la instalación de dichas plantas. El argumento es sólido. Las represas tienen un fuerte impacto sobre el ambiente, modificando el cauce de los ríos, inundando regiones completas, modificando regímenes hídricos y perjudicando directamente ecosistemas completos, de los que dependen muchas especien animales para su subsistencia, como por ejemplo el Macá Tobiano, especie en peligro de extinción que solo habita en la provincia de Santa Cruz.
El argumento a favor de la creación de estas plantas es la necesidad de fortalecer la matriz energética nacional. Las represas hidroeléctricas generan una gran cantidad de energía a un costo relativamente bajo. Durante los últimos 10 años, la demanda de energía eléctrica del país creció a una tasa cercana a un 3,5% anual. Manteniendo este crecimiento, habría que incorporar al año 2025 una capacidad adicional de generación del orden de 60.000 GWh/año, es decir, casi un 40% de la actual capacidad de generación del Sistema Argentino de Interconexión. Mientras el Gobierno apuesta fuerte a la construcción de las represas como la alternativa más viable para paliar la situación, en un documento elaborado en conjunto por diversas asociaciones ambientalistas, se presentan alternativas sustentables para el desarrollo energético (ver aquí). En el texto se propone destinar el monto de la construcción de las represas al desarrollo de energías renovables, amigables con el medio ambiente y, por otro lado, disminuir la demanda de energía mediante herramientas y políticas de eficiencia energética y uso racional de la energía.
Frente a esta situación, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia presentó un recurso de amparo que fue tomado por la Suprema Corte de Justicia, lo que suspendió la ejecución de las obras hasta que se presentara un estudio de impacto ambiental y se efectuara una audiencia pública.
El pasado lunes, habiendo cumplido ambos requisitos, el Gobierno Nacional aprobó la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial con las firmas de los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman, y destaca el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supeditó el inicio de los trabajos de ambas represas a la realización de dicha audiencia.
El Gobierno Nacional sostiene que “la evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable“.
“Decir que el Gobierno Nacional aprobó la construcción de las represas es una nota claramente de lobby político para presionar sobre la Justicia, que es la que tiene la última palabra“, dijo a Hernán Casañas de Aves Argentinas en declaraciones a la agencia de noticias Telam. Por su parte, Andrés Nápoli, Director Ejecutivo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) agregó que “lo que hizo el gobierno es un trámite administrativo con el objetivo de completar un requisito legal, pero de ninguna manera implica la autorización directa para continuar la obra. La justicia tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema”
Las asociaciones ambientalistas ya están actuando en respuesta a esta resolución del Gobierno. Desde Aves Argentinas recuerdan que luego de la publicación del Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia pública celebrada en el Congreso de la Nación, los diputados y senadores presentaron sus informes y que entre ellos hay numerosos informes individuales críticos. Entre ellos se encuentran los duros informes de Juan Carlos “Cali” Villalonga (diputado ambientalista de Cambiemos), Graciela Camaño (Frente Renovador), Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Graciela Cousinet (Libres del Sur).
La coalición de organizaciones Río Santa Cruz Sin Represas ha planteado la nulidad de la evaluación de impacto ambiental y ha solicitado una nueva medida cautelar para que las obras continúen suspendidas hasta que se elabore uno nuevo que subsane todos los vicios y omisiones de los que estaba plagado aquél presentado por Emprendimientos Energéticos Binacionales.
Nuevamente, y como ya estamos acostumbrados, asistimos a la supeditación de un ambiente saludable a las necesidades económicas. La urgencia por llevar adelante obras que prometen la generación de empleo y divisas impide a los tomadores de decisiones contemplar la posibilidad de estudiar alternativas que, a largo plazo, no solo pueden ser redituables si no que preservaran los recursos y el ambiente natural.
Abel Sberna
