En la actualidad, el área cuenta con un decreto que la protege, pero se sigue luchando por una ley que conserve su patrimonio.
Península Mitre es un área que contiene valiosísimos recursos tanto naturales, como culturales, de gran importancia no solo para Tierra del Fuego, sino para todo el planeta. Esos recursos no cuentan actualmente con una ley que los ampare, lo que equivale a la desprotección de un área natural de más de 300.000 hectáreas terrestres y 200.000 marinas.
Península Mitre – Foto de Joel Reyero
La capacidad que posee este ecosistema de absorber y retener carbono, convierten al lugar en un sitio clave para la lucha contra el calentamiento global. En Península Mitre se encuentra más del 80% de las turberas de todo el país (unos 2.400 kilómetros cuadrados) y sus humedales la colocan como uno de los espacios de mayor valor ambiental de Argentina. Además, con tan solo una caminata por la zona pueden visualizarse restos arqueológicos en sus costas, sobre todo de barcos que han naufragado en la segunda mitad del siglo XIX.
Tanto sus valores naturales como culturales parecen motivo suficiente para que desde la Legislatura provincial se impulse y apruebe una ley que los proteja. En rigor de verdad, no es que no se cuente con ninguna herramienta: en diciembre de 2020 se publicó el decreto 1710 que declara el área de Interés Ambiental, Natural y Cultural con el objetivo de darle un marco de protección provisoria.
Como la palabra lo indica, no se trata de una norma definitiva sino de un marco de protección que puede ser revocado por cualquier gobierno provincial, al no haber sido aprobado por el Poder Legislativo Provincial, como sería en el caso de una ley. Allí radica, de hecho, una de las principales diferencias entre ambos instrumentos: mientras las leyes son tratadas por la Legislatura, los decretos son dictados por el Poder Ejecutivo.
Además de existir una disparidad en cuanto al peso que tiene cada una de las normas, la legitimidad que tienen también es diferente: el proceso de debate legislativo que conlleva la sanción de una ley requiere de mayores consensos para su aprobación e incluye una mayor cantidad de representantes de la sociedad. Un decreto, por otra parte, se basa en la decisión política de una sola persona (quien tiene a su cargo el ejecutivo provincial) y para ser derogado solo necesita, también, de la voluntad de un solo individuo.
Según los expertos en leyes y cuestiones ambientales, el Estado argentino tiene la obligación de establecer una medida de derecho interno -una ley- para proteger las áreas naturales con la importancia de Península Mitre, ya que así lo establecen los tratados internacionales (de cuidado del ambiente y derechos humanos) que el país ha ratificado e integra desde la reforma constitucional de 1994.
Comisión de Recursos Naturales N° 3 de la Legislatura de Tierra del Fuego – junio 2022
Otro de los puntos que recalcan los especialistas es que, mientras el decreto realiza una declaración de interés, no asigna recursos para ejercer control en el sitio. Entonces, aunque se promueva su cuidado, no se ejerce una protección real, sino que se establecen las medidas que posibiliten llevarlo a cabo, acompañadas de los “recursos humanos, técnicos y económicos necesarios”.
Los trabajos por la existencia de una ley protectora se remontan a 1997, cuando el Departamento de Fauna y Ambientes Naturales de la Dirección de Protección Ambiental de TDF, propone la creación de un área protegida en Península Mitre. En 2002 se presentó el “Proyecto de creación de un área protegida en el Extremo Sudoriental de Tierra del Fuego”, una propuesta elaborada con los aportes de técnicos, científicos y profesionales de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad fueguina.
Aunque, en verdad, las acciones tendientes a la protección de Península Mitre existen desde hace más de 30 años, incluso antes de la Ley “provincial” de 1990, en la que Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional, para convertirse en provincia. Desde la primera campaña de exploración que se realizó en 1984, distintos proyectos de ley fueron ingresados con la intención de proteger los valores únicos del área.
Durante los siguientes quince años el proyecto de ley fue ingresado en reiteradas ocasiones por el ejecutivo provincial, sin prosperar en ningún caso. En 2017-2018 se elabora un nuevo proyecto (también desde la comunidad, las ONG y sectores del Gobierno) que incluye la protección de las aguas circundantes a la Península y a la Isla de los Estados.
El proyecto de ley definitivo ingresó a la Comisión de Recursos Naturales en 2018, pero no fue aprobado argumentando que todavía era necesario determinar algunas cuestiones. Hubo nuevos intentos en 2019 y 2020: fue en noviembre de ese año que el Ministerio de Producción y Ambiente manifestó su apoyo y realizó sugerencias para mejorar el proyecto de ley. Nuevamente, no hubo decisión para que salga la ley, pero en diciembre se decretó que Península Mitre es un área de Interés Ambiental, Natural y Cultural, buscando así darle un marco de protección provisoria, hasta tanto la ley sea aprobada.
Sin embargo, un decreto es una norma que, por definición, busca resolver un asunto concreto de manera rápida. La protección de Península Mitre es urgente y no puede quedar bajo el marco de una norma que no profundiza en la necesidad de su cuidado, ni en las consecuencias de su degradación. La cantidad de situaciones que contempla una ley promueve la regulación del comportamiento de la sociedad en general en el tiempo, y no solo como un estado de emergencia.
En la actualidad, se ha retomado el debate para lograr efectivizar el cuidado de esta área natural en el Parlamento fueguino. Es una nueva oportunidad para que la protección de Península Mitre finalmente logre el estatus que otorga la ley y que se merecen tanto su ecosistema como los tesoros arqueológicos que viven allí. La sociedad fueguina y la humanidad toda estarán agradecidas de que así suceda.
Lucía Fernández Hadid
