A través del Decreto 702/18 el Gobierno Nacional dispuso eliminar la zona preferencial de algunas de las asignaciones familiares que brinda ANSES. Esta medida impacta directamente en la región Patagónica.
En el caso particular de Tierra del Fuego AIAS, este decreto impacta en la asignación por hijo de 24.807 pibes. Por mes, el Estado Nacional invertía casi 70 millones de pesos. Son varios los argumentos que enumera el decreto. Pero hay uno que no está redactado en el texto y sin embargo es el central: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obliga a Argentina a reducir su déficit fiscal, condición excluyente para que la administración Macri continúe recibiendo los desembolsos del organismo internacional.
Un datito para tener presente: de los primeros 15 mil millones de dólares que llegaron al país en el marco de ese acuerdo, la mitad fueron utilizados en subastas públicas para contener la escalada del dólar. El Gobierno Nacional, desesperado por combatir la depreciación de la moneda nacional -ya que el impacto en el índice de precios al consumidor del último mes fue feroz- recurre al FMI, y para cumplir con las exigencias le saca a los pibes. Es decir, quienes contienen la suba del dólar son las mamás y los papás que percibían esa asignación y que probablemente no compraron un sólo dólar en su vida.
Claro que el argumento podría ser: “Ok, pero como vivimos en un país con una economía dolarizada, al contener el dólar se sostiene el precio de la leche -por ejemplo- lo que redunda en un beneficio para la economía doméstica de una familia”. ¿Vale decir eso? Vale decir como dijo el titular de ANSES Emilio Basavilbaso, que “el objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos”. ¿Van a aumentar la cobertura de las asignaciones? ¿O en realidad es plata que no está? ¿Y la decisión es que esa plata que falta la pongan los trabajadores, los jubilados, los pibes, las amas de casa, la pequeña industria y no la especulación financiera, el campo y las mineras?
Tal fue la indignación de la medida que todos los actores políticos de la Provincia salieron a repudiarla. Diferentes sectores sindicales, referentes locales, funcionarios políticos, expresaron su rechazo.
Desde la Cámara de Diputados están impulsando llevar adelante una sesión especial para rechazar y derogar este decreto. Se evalúa llevar adelante una sesión especial para el próximo 8 de agosto. El mismo día que la Cámara de Senadores abordará el proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo. La semana pasada también anunciaron la flexibilización de las restricciones de las Fuerzas Armadas para operar en conflictos internos, hecho que también generó indignación en muchos sectores de la sociedad. La agenda del Gobierno Nacional viene picante, es difícil saber si están recurriendo a la estrategia de “tiramos 5 para que pase una” o ahora sí se desorbita un poco la cosa.
Luz Scarpati
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