La Ley Agroforestal del gobierno de Córdoba es una cuestionada normativa que prevé la posibilidad de la reforestación con especies exóticas como medida de remediación ambiental para los terratenientes que hubieran deforestado bosque nativo. Esta Ley, aprobada en agosto, atenta contra la preservación del ya castigado ambiente nativo cordobés.
Argentina es uno de los países con mayor tasa de deforestación en el mundo, siendo Córdoba una de las provincias en la que más se evidencia esta realidad. Con la mayoría de sus ambientes nativos deteriorados o directamente destruidos la situación ambiental de Córdoba es alarmante. El avance de la frontera agropecuaria para el cultivo de soja y maíz, la industria maderera y el desarrollo inmobiliario han empujado a los bosques nativos a una situación crítica. Son numerosas las organizaciones y asambleas de la sociedad civil que reclaman por esta situación, pero las decisiones políticas parecer ir siempre en contramano de la protección del ambiente y de los recursos y servicios ambientales que estos brindan.
El último ejemplo se dio a principio de agosto, cuando la legislatura de Córdoba sancionó la cuestionada Ley Agroforestal que, según denuncian expertos y ambientalistas, poco tiene que ver con la conservación de los ambientes naturales y más pareciera ser una normativa que avala y facilita el desmonte de las tierras para continuar con la explotación agrícola e inmobiliaria. Gracias a esta nueva ley los productores que hayan desmontado no recibirán ninguna multa, y reforestando con árboles exóticos una mínima parte de su campo podrán recibir beneficios impositivos.
Esta Ley, una norma que podría pasar como “ambientalista” para quien no esté bien informado, obliga a productores que hayan deforestado para la siembra, la remediación de un 2% de los suelos afectados mediante la reforestación. El problema es que permite plantar especies exóticas, las cuales bajo ningún punto de vista representan una remediación ya que su función ecosistemicas nada tiene que ver con las especies originarias. “Se trata de un instrumento de fomento económico al establecimiento de monocultivos de pino y eucalipto, mediante el cual el Estado bonifica la plantación de estas especies exóticas para Córdoba, a su vez que invirtiendo millones en la compra de árboles misioneros clonados a (Biofábrica S.A.), que pretende beneficiar a los grupos económicos del agronegocio con bonificaciones a sus costos de producción”, se manifestó la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierras Chicas.
Sin un estudio pormenorizado de las diferentes especies autóctonas, las regiones donde se desarrollan y la función específica de cada una de ellas en su ambiente, la Ley directamente no especifica qué especies arbóreas son las indicadas para cada territorio, tampoco plantea la remediación de los bosques nativos que se han talado en forma indiscriminada y que han traído como consecuencia inundaciones y modificación de ecosistemas reguladores de agua.
La devastada situación ambiental de la provincia exige la restauración ecológica de los ambientes nativos, por lo que uno de los objetivos de la ley debería ser la preservación de la biodiversidad de la flora y fauna nativa, y asegurar la permanencia de los servicios que presta a la sociedad como polinización, protección de cuencas, provisión de agua, etc. La restauración es un proceso más complejo que el “enriquecimiento” que plantea esta ley y exige invertir en investigación científica básica y aplicada, planes de educación ambiental y forestal.
Abel Sberna
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