La RegionalTDF integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, distribuyó un comunicado demandando al Ministerio de Salud de la Provincia y a la Municipalidad de Río Grande, que difunda en lugares visibles de los centros de atención primaria y hospitales públicos, el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Además, el colectivo integrado por mujeres presentó una nota formal a las dos dependencias públicas antes mencionadas, solicitando la promoción de ese derecho. Desde la RegionalTDF argumentan en su comunicado:
“Sin acceso a la información respecto de los derechos que nos asisten, nuestra autonomía se ve absolutamente vulnerada. Vale la pena recordar que Tierra del Fuego AIAS cuenta con un protocolo desde 2012, sin embargo si la normativa no es difundida en los centros de atención primaria y en los hospitales públicos en lugares visibles, es sólo letra muerta y nuestros derechos se ven cercenados. Por esto demandamos la visibilización del Protocolo para que las personas gestantes fueguinas conozcan y se apropien de sus derechos.”
Tierra del Fuego AIAS, a través de la Resolución 392/12, es una de las pocas provincias que cuenta con un protocolo que prevé la realización del aborto, en caso de que así lo requiera una mujer y que se encuadre bajo alguna de las causales establecidas en la legislación vigente. En este sentido, el Código Penal de Argentina contempla desde 1921 que una mujer puede solicitar la interrupción de un embarazo en caso de violación, o riesgo de salud para la persona gestante. Y vale la pena recordar el histórico fallo FAL, que trajo luz sobre algunos grises y claridad para entender que lo prima es la autonomía para decidir, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en aquella oportunidad que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta práctica, ya que esa vía constituye una obstrucción de los derechos de las mujeres. Además, los magistrados dictaminaron que la “causal salud” debe interpretarse como integralidad, desde física hasta psicológica. Y exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos.
Fruto de esta sentencia, nacieron los protocolos en diferentes provincias del país. Tierra del Fuego AIAS incluida. Pero las creencias religiosas que son personalísimas, y poco tienen que ver con los consensos sociales que se plasman en las leyes -a diferencia de los dogmas que se tallan en la piedra- continúan hoy, haciendo mella sobre un derecho consagrado por nuestra normas vigentes. Y esto no es un exageración, ya que podemos poner por caso al recientemente médico condenado Rodriguez Lastra, que mantuvo a una mujer internada durante dos meses, obligándola a maternar. Ese médico, fue condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un fallo completamente aleccionador de inmensa justicia, que deja claro que nadie, por más religioso que sea, puede obstruir el derecho del otro. O en este caso, de las otras.
Las acciones de la RegionalTDF se enmarcan en una actividad federal de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito a una semana del proyecto que busca la legalización de la interrupción legal del embarazo. Porque ese camino, sin lugar a dudas, está precedido por la completa aplicación del protocolo.
En el comunicado, también repudiaron la cartelería con connotaciones religiosas que había en el Hospital Regional Río Grande:
“Por otro lado, repudiamos la cartelería exhibida en el Hospital Regional Río Grande, cargada de información religiosa, no objetiva y carente de rigurosidad científica”
Y la novedad es que horas después de la difusión del comunicado de la RegionalTDF, la vitrina que contenía el cartel del “bebito” usado en contra del proyecto que se presentará el 28 de Mayo en la Cámara de Diputados por 8va vez, fue retirado del nosocomio riograndense.
La visibilización del protocolo es responsabilidad fundamental del Estado, porque no se reclama lo que no se conoce. Las fueguinas no tienen la posibilidad de elegir, si no saben cuáles son sus opciones. Y por esto, para que la resolución 392 no se convierta en expresiones de deseo, para que las mujeres se empoderen, es urgente que el protocolo sea visibilizado en las dependencias públicas. Hay opciones, la mujeres tienen que saber cuáles son y el Estado debe brindar esa información.
Luz Scarpati
