La decisión del Gobierno Nacional de derogar la ley Ovina por decreto encendió luces de alarma en toda la Patagonia. La herramienta, que durante más de dos décadas dio respaldo y crédito accesible a pequeños y medianos productores, deja un vacío que hoy duele en la estepa.
“Era previsible”, señala Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos. “Primero anularon el fideicomiso que financiaba la ley. Sin fondos, era inviable que siguiera funcionando”.
“Santa Cruz fue una herramienta espectacular. Funcionó, se cumplió, ayudó a crecer. El problema fue cuando se nacionalizó: en otras provincias se desviaron fondos, se financiaron cosas que nada tenían que ver, y ahí perdió fuerza”, explica Jamieson en diálogo con Radio Provincia.
En la provincia, la ley Ovina se transformó en una herramienta concreta: los créditos llegaban a tiempo, se devolvían casi en su totalidad y sirvieron para sostener a cientos de pequeños y medianos productores.
“La tasa de recupero en Santa Cruz fue casi del 100% —detalla—. Eso muestra que cuando las políticas se piensan para la realidad local, funcionan. Acá se invirtió en mejorar majadas, en infraestructura, en mantener viva la actividad en campos que, sin ese respaldo, no hubieran resistido ni los inviernos ni la falta de precio de la lana”.
Ese funcionamiento virtuoso -explica- contrastó con lo que pasó a nivel nacional: “En Buenos Aires, por ejemplo, se financiaron frigoríficos, cámaras de frío, carnicerías… cosas que nada tenían que ver con la producción ovina real, y que ni siquiera se terminaron pagando. Así se fue perdiendo la esencia de la ley”.
Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos – Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz
Definir prioridades y pensar a largo plazo
La caída de la ley llega cuando el campo patagónico ya arrastra su propia tormenta: sequías, inviernos duros, predadores y la presión del guanaco, que reduce las superficies productivas y aumenta costos. “Muchos productores perdieron entre 30% y 50% de su superficie para alimentar guanacos —detalla—. Si antes señalábamos al 80%, hoy estamos en 40% o 50%. Y eso golpea a toda la cadena: frigoríficos, fletes, todo”.
Frente a la salida que propone Nación —reemplazar el fondo por créditos bancarios— Jamieson es claro: “No queremos un crédito que sea un salvavidas de plomo. Necesitamos seguridad ambiental, económica y productiva. Hay una voluntad política fuerte en Santa Cruz para buscar soluciones, el gobernador lo entiende y acompaña. El desafío es encontrar la vuelta”.
Defender la sanidad de la Patagonia y el estatus de exportación es otra bandera que no se negocia. “Se habla de la carne con hueso, pero el peligro real es que dejemos de exportar. Si la lana no vale y la carne se derrumba, es el cierre de frigoríficos y el colapso de toda la cadena. Tenemos que defender lo que supieron construir nuestros mayores”, enfatiza.
Aun así, ve una oportunidad: “Hay que ser creativos. Tenemos que buscar producciones alternativas, aprovechar mejor nuestros ríos, reflotar estudios de riego. Son ideas para nuestros nietos quizás, pero hay que planificar. Mientras tanto, sostener lo que hoy tenemos en producción es clave para que haya un efecto cascada y volvamos a crecer”.
Y mientras en Buenos Aires se negocian leyes “de ligas mayores”, Jamieson deja una frase que resume la esencia de su mensaje: “Para negativo me quedo en casa. Lo importante es que como sociedad entendamos que producir en Patagonia no es lo mismo que en otro lugar. Tenemos desventajas, sí, pero también ganas de salir adelante. Hoy nos toca volver a ser creativos”.
