Ya es histórica la lucha de los pueblos de nuestro país contra las fumigaciones sobre áreas pobladas. El conflicto es moneda corriente en las regiones agrícolas y el fallo que condena a prisión a tres personas por fumigar en cercanías de una escuela en Entre Ríos sienta un importante precedente
La agricultura intensiva que se practica en nuestro país tiene diversas aristas conflictivas. La expansión de la frontera agropecuaria desplaza campesinos y avanza sobre áreas de ambiente natural. El uso intensivo de la tierra provoca su agotamiento de nutrientes y puede causar un deterioro irreversible. Los regímenes climáticos se ven afectados por los cambios ecosistémicos y esto, en conjunto con la deforestación, provoca inundaciones como las que hemos presenciado en los últimos tiempos. Pero uno de los aspectos más polémicos de la agricultura actual es el uso de agroquímicos cuyos efectos sobre el ambiente y la salud están siendo cuestionados en todo el mundo.
El reclamo de vecinos por los efectos de la fumigación en sus barrios y pueblos no es nuevo en Argentina. El caso mas emblemático es el de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba. Este grupo de mujeres comenzaron en 2002 a notar lo que ellas creían eran efectos nocivos de los agroquímicos utilizados para fumigar campos lindantes a su barrio sobre la salud de sus vecinos y vecinas. Esta inquietud pronto se transformó en una lucha que ya lleva 15 años y que redundó en nuevas normativas y controles sobre las fumigaciones y marcó un precedente histórico con un fallo en 2012 que condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión de cumplimiento no efectivo por poner en riesgo la salud de los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo.
El pasado 3 de octubre, la historia se repitió en Entre Ríos, con una nueva condena histórica: el primer dictamen de la Justicia en torno a la protección de docentes y alumnos rurales. Se trata de la condena a tres personas por haber lanzado, en el año 2014, agroquímicos sobre la escuela rural de Colonia Santa Anita, en Entre Ríos. El hecho data del 4 de diciembre de 2014. La fumigación se produjo en horas de clase mientras en la escuelita se encontraba una maestra y cinco estudiantes, quienes inmediatamente comenzar a sentir nauseas, mareos y dolores estomacales. Minutos después comenzaron los vómitos y la irritación de la mucosa.
Tres años más tarde, luego de un largo proceso judicial, se arriba a este fallo histórico. Los condenados fueron Bernardo Rodríguez, titular de la empresa fumigadora, José Mario Honecker, dueño del campo, y César Martín Visconti, piloto de la aeronave fumigadora. Fueron hallados culpables de los delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” por haber pulverizado agroquímicos en los alrededores de la escuela en horas de clase, sin preaviso y sin cumplir con la legislación vigente.
Fallos como el de 2012 en el caso de Córdoba o éste en Entre Ríos son fundamentales, pues sientan los precedentes necesarios para poder instrumentar un control más estricto de la actividad agrícola con agroquímicos para poder salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes de las zonas rurales de nuestro país.
Abel Sberna
